¿Sobrevivencia o extinción? 6 líderes analizan el impacto de la reforma electoral

Si antes los dirigentes de las organizaciones políticas ecuatorianas usaban una calculadora básica para medir sus posibilidades electorales, ahora necesitan una ‘científica’. La comparación es de Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). Intenta graficar el escenario que enfrentan rumbo a las elecciones seccionales del 29 de noviembre del 2026.

La reforma al Código de la Democracia eliminó las llamadas tarjetas amarillas. Para mantenerse deberán alcanzar al menos el 5 % de los votos válidos, obtener el 8 % de las alcaldías o conseguir un concejal en cada uno de, al menos, el 10 % de los cantones del país.

El mapa de organizaciones políticas podría reducirse. Será una suerte de ‘autodepuración’ forzada del sistema, aunque está por verse si esta regla conseguirá disminuir la fragmentación electoral o simplemente dejará fuera a las más débiles.

Las cuentas de las organizaciones, rumbo a seccionales 2026

Gustavo Vallejo, del PSE, se declara optimista, basándose en datos. Se presentarán en 105 cantones y llevan listas completas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales, en 94. El dirigente reconoce que esperaba superar los 150 cantones, pero fue difícil.

“En términos de ingeniería electoral, esto es mucho más complejo”, sostiene Vallejo, quien ya dirigió las seccionales de 2023. Según sus cálculos, el PSE podría disputar unas 40 alcaldías y ganar de 19 a 20.

Entre los candidatos que menciona están Fabricio Tinajero, en Latacunga; Víctor Mieles, en Puerto Quito; y Dorian Jara, en Riobamba. En Quito, Guayaquil y Cuenca, la competencia será especialmente relevante para medir la capacidad de las organizaciones de alcanzar los porcentajes exigidos.

Vallejo cuenta que el PSE revisó sus posibilidades dos veces: primero, antes del acuerdo con Revolución Ciudadana (RC), y después de concretar la alianza. En ambos escenarios, afirma, los cálculos apuntan a que el partido podría superar la nueva barrera (reforma).

Unidad Popular también enfrenta optimista el desafío. Su presidente, Geovanni Atarihuana, asegura que la organización participará en unos 160 cantones, con más de 6.000 postulantes. Reitera que “la cancha está inclinada”, pero sostiene que cuentan con un proyecto político, una estructura social y aspirantes con buenas posibilidades de ganar en distintos territorios.

Entre otros nombra a Mónica Luzuriaga, Yaku Pérez, Sebastián Cevallos, Liliana Silva y Pabel Muñoz, además de candidaturas en Loja y Quevedo. Para Atarihuana, el reto es aprovechar el descontento con el Gobierno.

Sin embargo, cuestiona que la depuración de las organizaciones se produzca como consecuencia de una regla electoral y no exclusivamente por decisión de los ciudadanos.

Es deseable una depuración, pero que el pueblo decida. La reforma es antidemocrática, desde el método de asignación de escaños hasta la dificultad para hacer alianzas.Geovanni Atarihuana/ presidente de Unidad Popular

Las dificultades que enfrentan otras organizaciones y sus números

La Izquierda Democrática (ID) llega al proceso con otra dificultad. Elvis Herrera explica que el partido no pudo presentar candidatos propios en provincias como Pichincha porque no contó con asistencia técnica para realizar la democracia interna. Afirma que la solicitaron dentro del plazo establecido, pero encontraron trabas durante el proceso.

Pese a ello, Herrera confía en conservar el casillero gracias a más de 92 alianzas que, asegura, la ID mantiene a escala nacional. “Calculamos que alcanzaremos los mínimos necesarios. Tenemos buenos candidatos en distintas alianzas”.

Pero la pregunta es si una reducción del número de organizaciones significará realmente una mejora del sistema político. 

Herrera advierte que no todas las organizaciones cumplen la misma función. Algunas, sostiene, son partidos de alquiler o vehículos electorales. Pero una depuración también debería garantizar que lleguen a las instituciones organizaciones capaces de formular políticas públicas y administrar.

“¿Qué significa realmente depurar?”, se cuestiona. Arturo Moreno, dirigente de Pueblo Igualdad y Democracia (PID), organización inscrita en 2022, mira el proceso desde otra perspectiva. Al referirse a las disputas entre Revolución Ciudadana y ADN, recurre a una frase popular: 

“Cuando dos elefantes se pelean, el único que pierde es el pasto que pisan”.Arturo Moreno/ PID

Moreno dice que ambas fuerzas podrían terminar debilitándose mutuamente y cuestiona que la reforma haya sido diseñada para favorecer la concentración del sistema en unas pocas organizaciones. Confía, sin embargo, en que el PID superará la prueba. Incluso invita a EXPRESO a revisar sus resultados después de los comicios.

Centro Democrático tampoco se siente en riesgo. Eustorgio Salgado afirma que la organización ha trabajado en una reestructuración territorial y que no funciona únicamente como un vehículo electoral. Dice que competirán con candidatos propios y mediante alianzas. Y que de acuerdo con sus cálculos, cumplen las condiciones establecidas por la reforma.

Wilson Merino dirige Imparables, que recién obtuvo el número 79, en julio de 2025. Es el único inscrito en Pichincha en 12 años. 

“La democracia es lo que es, se mide en cada elección, con propuestas. Creemos que lograremos sobrevivir y prosperar. Daremos una sorpresa porque acompañamos al ciudadano (...) Las grandes fuerzas políticas quieren que haya bipartidismo”, analiza.

Imparables es un movimiento ciudadano. No tiene propietario. Con las propuestas, creemos que lograremos sobrevivir. Tenemos 648 candidatos. Daremos una sorpresa.Wilson Merino/ Imparables