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Diario Expreso Ecuador

Reforma a la adopción apunta a reducir la espera de miles de menores en Ecuador

Más de 1.900 menores permanecían en acogimiento institucional hasta 2025. Expertos plantean ajustes para reducir demoras y garantizar derechos

La reforma busca reducir los tiempos para que niñas, niños y adolescentes accedan a una familia.

La reforma busca reducir los tiempos para que niñas, niños y adolescentes accedan a una familia.Ilustración referencial

Marco Rivera
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Lo que debes saber 

  • Más de 1.900 niñas, niños y adolescentes permanecían en acogimiento institucional hasta finales de 2025.
  • Expertos expusieron los principales obstáculos que retrasan los procesos de adoptabilidad en Ecuador.
  • El proyecto de ley busca reducir tiempos, aunque también enfrenta observaciones jurídicas.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social continuó este 8 de junio con el análisis del proyecto unificado de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, una iniciativa que busca reducir los tiempos de los procesos que permiten a niñas, niños y adolescentes acceder a una familia. Durante la sesión, especialistas expusieron observaciones sobre las barreras que actualmente enfrentan cientos de menores en situación de adoptabilidad.

Ricardo Viera, procurador judicial de Hogar para sus Niños y exjuez de Familia, Niñez y Adolescencia, sostuvo que el sistema mantiene una deuda pendiente con quienes esperan una familia. Según explicó, aunque una familia adoptante puede completar el proceso en alrededor de nueve meses, muchos menores permanecen durante años en instituciones sin concretar una adopción.

“El derecho a la adopción constituye una deuda histórica del Estado con miles de menores de edad en situación de adoptabilidad”, afirmó Viera durante su comparecencia. El especialista señaló que la problemática se concentra especialmente en las etapas judiciales que determinan la adoptabilidad de los menores.

Acogimiento institucional y demoras judiciales

Como parte de su exposición, Viera informó que hasta diciembre de 2025 existían 1.907 niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional. Las principales causas identificadas fueron negligencia, abandono y distintos tipos de violencia, situaciones que los alejaron temporal o permanentemente de sus entornos familiares.

El exjuez advirtió que algunos menores pasan gran parte de su infancia dentro del sistema de protección. Incluso mencionó casos de personas adultas con discapacidad que fueron declaradas en adoptabilidad cuando eran niñas, pero nunca lograron integrarse a una familia mediante este mecanismo.

Frente a este escenario, defendió la necesidad de impulsar reformas que permitan agilizar los trámites judiciales. A su criterio, la reducción de tiempos resulta fundamental para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y evitar que permanezcan por años en instituciones de acogida.

Observaciones al proyecto de ley de adopción

Por su parte, Cristina Torres planteó la necesidad de realizar ajustes técnicos al proyecto para evitar conflictos con otras normas vigentes. Entre sus observaciones destacó la importancia de armonizar la propuesta con el Código Orgánico General de Procesos, especialmente en temas relacionados con competencias judiciales.

La compareciente respaldó las reformas orientadas a construir una justicia más accesible para niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, destacó la necesidad de asegurar mecanismos que permitan a los menores ejercer su derecho a ser escuchados de acuerdo con su edad, desarrollo y condición particular.

Asimismo, consideró positiva la intención de reducir los tiempos de los procesos de adoptabilidad y adopción. Según explicó, una tramitación más ágil puede contribuir a que los menores accedan con mayor rapidez a un entorno familiar estable y seguro.

Derechos de los menores y posibles riesgos constitucionales

Sin embargo, Torres también alertó sobre posibles cuestionamientos jurídicos que podrían surgir a partir de algunos artículos de la propuesta. Por ello, recomendó revisar la redacción de determinadas disposiciones para evitar interpretaciones que puedan derivar en efectos discriminatorios o conflictos de constitucionalidad.

La especialista enfatizó que cualquier reforma debe preservar plenamente los derechos de las personas adoptadas. Entre ellos destacó la posibilidad de conocer su origen, un aspecto que consideró relevante dentro de los procesos de adopción y construcción de identidad.

Finalmente, los aportes presentados durante la sesión coincidieron en un punto central: la necesidad de simplificar los procedimientos judiciales sin afectar garantías. El objetivo, señalaron los comparecientes, es evitar demoras innecesarias que prolonguen la permanencia de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional mientras esperan acceder a una familia.

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