Acción de protección contra proyecto minero en Las Naves se aplaza tras pedido estatal

La audiencia de acción de protección presentada por comunidades campesinas de Las Naves, San Luis de Pambil y Zapotal fue diferida a petición del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Procuraduría General del Estado. La diligencia estaba prevista para el 9 de junio de 2026 en la Unidad Judicial de Tumbaco y formaba parte de un proceso judicial relacionado con el proyecto minero Curipamba-El Domo.

La novedad fue informada por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), organización que acompaña a las comunidades en esta causa. En su comunicado indicó que “la audiencia ha sido reprogramada para el 17 de junio de 2026 a las 09:00”, por lo que el caso no podrá ser tratado en la fecha inicialmente fijada por la justicia.

Según la organización, el aplazamiento posterga la posibilidad de que las comunidades expongan sus argumentos ante un juez constitucional. La Cedhu señaló además que “esperamos que en esta nueva fecha las comunidades puedan ser escuchadas y se garantice plenamente su derecho de acceso a la justicia”, en referencia a la reprogramación de la diligencia.

El origen del conflicto por el proyecto Curipamba-El Domo

El proceso judicial se originó el 15 de agosto de 2025, cuando 490 habitantes de Las Naves, San Luis de Pambil y Zapotal presentaron una acción de protección contra el Estado ecuatoriano. Los accionantes denunciaron presuntas vulneraciones a los derechos de la naturaleza del ecosistema Piedra Negra y a sus derechos humanos, derivadas de la aprobación del proyecto minero Curipamba-El Domo.

La demanda también cuestiona la legalidad del proceso mediante el cual el proyecto fue adjudicado a la empresa Curimining S.A. Las comunidades sostienen que la actividad minera podría afectar su entorno y recursos naturales, por lo que solicitaron la intervención de la justicia constitucional para revisar el caso.

La causa tuvo un primer revés el 19 de agosto de 2025, cuando la jueza Mónica Freire Cuesta, de la Unidad Judicial de Contravenciones Penales de Tumbaco, inadmitió la demanda. La magistrada argumentó que las presuntas afectaciones denunciadas se producirían en las provincias de Bolívar y Los Ríos, y no en la jurisdicción de Pichincha.

La apelación permitió reactivar la causa

Tras esa decisión, las comunidades presentaron un recurso de apelación. El 29 de abril de 2026, la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó el pedido y dispuso que la jueza convoque a una audiencia para resolver la acción de protección presentada por los habitantes de la zona.

Desde 2023, la Cedhu acompaña a las comunidades de Las Naves, San Luis de Pambil y Zapotal en acciones relacionadas con la defensa de derechos humanos, acceso al agua y procedimientos vinculados a la actividad minera. Con el diferimiento anunciado, el proceso deberá esperar hasta el 17 de junio para que la justicia conozca los argumentos de las partes involucradas.