Primer año de Noboa: así evolucionó su relación con la Asamblea, la Corte y Estados Unidos
Un balance del primer año de Daniel Noboa y los giros claves en su relación con la Asamblea, la Corte Constitucional y la alianza con EE. UU
Un año de gestión refleja los vínculos de Noboa con la Asamblea, la Corte Constitucional y Estados Unidos.
El primer año de gestión del presidente Daniel Noboa ha reconfigurado el mapa de gobernabilidad en Ecuador. En doce meses, la administración central pasó de la búsqueda inicial de consensos mínimos a una consolidación de fuerzas que alteró el equilibrio de poderes. El análisis de este periodo expone una evolución marcada por tres dinámicas distintas: la construcción de una mayoría en el Legislativo, la persistente fiscalización legal de la justicia constitucional y una diplomacia hiperactiva volcada hacia Washington.
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La Asamblea: una mayoría consolidada a base de desertores
Tras cumplir su primer año en funciones el pasado 14 de mayo, la Asamblea Nacional consolidó una mayoría articulada por la bancada oficialista ADN. Este bloque no solo logró aprobar normativas de interés gubernamental, leyes de carácter urgente y más de 70 resoluciones, sino que también tomó el control de espacios clave como el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y las comisiones más importantes. Esta estructura le permitió al Ejecutivo viabilizar su agenda, incluso por encima de reparos legales.
Sin embargo, el precio de esta gobernabilidad ha dejado al descubierto la volatilidad de las alianzas. Lo que comenzó como un acuerdo entre ADN, independientes y una facción de Pachakutik, hoy se sostiene gracias a desertores de la oposición. Perfiles como Mónica Salazar, Sergio Peña, Jhajaira Urresta, David Arias y Carlos Vargas (exmiembros de Revolución Ciudadana), junto a José Luis Nango, Edmundo Cerda y Fernando Nantipia (ex-Pachakutik), han sido determinantes para mantener la balanza a favor del Gobierno, sumados a independientes como Pablo Jurado y Samuel Celleri.
Niels Olsen cumple el primer año al frente de la Asamblea que se posesionó después de las elecciones de 2025.
Esta dinámica genera posturas radicalmente opuestas:
- La postura del PSC: El legislador Alfredo Serrano critica duramente este escenario, afirmando que el oficialismo confunde "tener la mayoría con tener la razón", y califica de "serviles" a los independientes por aprobar resoluciones que considera estériles.
- La defensa oficialista: El legislador Xavier Ordóñez defiende la solidez de la mayoría y destaca la aprobación de leyes de seguridad. Ante las críticas de doble estándar en el levantamiento de inmunidades parlamentarias, justificó que cada caso se evalúa según si la irregularidad ocurrió o no dentro de la función legislativa.
- El reclamo del correísmo: Desde la Revolución Ciudadana, asambleístas como Ana Cecilia Herrera y Blasco Luna califican la alianza de "clientelar" y debilitada ante temas polémicos. Cuestionan, además, la falta de una agenda clara por parte del presidente del Legislativo, Niels Olsen, señalando que la Asamblea se ha desgastado en fiscalizaciones fuera de su competencia.
- La visión técnica: María Andrea Coronel, del Observatorio Legislativo, advierte que la prisa por aprobar las leyes urgentes del Ejecutivo limitó la participación ciudadana y debilitó el rol fiscalizador de la Asamblea, provocando un desfase entre lo aprobado y la realidad del país.
La Corte Constitucional: el riguroso contrapeso técnico y legal del Ejecutivo
En paralelo a la actividad legislativa, la Corte Constitucional (CC) evaluó los decretos y propuestas de la bancada oficialista bajo criterios estrictamente jurídicos, lo que derivó en las primeras modificaciones y suspensiones a las políticas del Ejecutivo.
Un claro ejemplo ocurrió cuando la Corte anuló el estado de excepción en cinco de las siete provincias donde se había decretado tras las protestas indígenas por la eliminación del subsidio al diésel.
El tribunal dictaminó la inconstitucionalidad de la medida en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas al no hallar hechos que la fundamentaran. No obstante, la avaló en Carchi e Imbabura debido a la "grave conmoción interna", aunque rechazó el toque de queda impuesto por el Gobierno en esas localidades.
Por el contrario, el panorama fue distinto frente a la crisis de seguridad. El 13 de marzo de 2026, mediante el dictamen No. 2-26-EE/26, la Corte declaró constitucional la renovación del estado de excepción (Decreto Ejecutivo 311) que extendió por 30 días la medida en provincias como Guayas, Manabí, Esmeraldas y Pichincha, entre otras. El organismo consideró que la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia cumplía con los parámetros legales para combatir al crimen organizado.
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Tensiones políticas: de la legalidad al choque institucional
Más allá de los dictámenes técnicos, la relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional ha derivado en un abierto enfrentamiento político. Para el presidente Noboa, el máximo tribunal se ha transformado en un obstáculo, luego de que este aceptara a trámite tres de las 33 demandas de inconstitucionalidad presentadas contra las leyes impulsadas por ADN.
El malestar oficialista escaló cuando la Corte suspendió temporalmente 17 artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, cuestionó el carácter "estrictamente legalista" de los magistrados y los acusó de responder a agendas personales de espaldas al control político. En respuesta, el presidente Noboa anunció una marcha hacia la sede del tribunal para hacer sentir "el poder del pueblo" y propuso un referéndum para que los jueces constitucionales puedan ser sometidos a juicio político por la Asamblea.
Este conflicto no es nuevo; la tensión ha sido una constante desde 2024:
- Mayo de 2024: La Corte reprendió a Noboa por no justificar la emergencia eléctrica y, poco después, retiró el reconocimiento legal a la existencia del "conflicto armado interno" por falta de sustento fáctico.
- Marzo de 2025: Debido a la insistencia del Gobierno en encadenar nuevas declaratorias de excepción bajo la causal de conflicto armado, el tribunal dispuso la creación de una comisión interinstitucional para evaluar las acciones de seguridad. La Presidencia dilató el cumplimiento de esta orden en tres ocasiones antes de acudir a las reuniones de control.
- Reformas fragmentadas: El tribunal también ha rechazado dos de las cinco propuestas de reforma parcial a la Constitución enviadas por Noboa, exhortándolo a no utilizar los cambios constitucionales por mera conveniencia política ni de forma fragmentada.
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La reciente suspensión de los artículos legales colmó la paciencia del Gobierno. En un hecho sin precedentes, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, y la ministra Rovira aparecieron en cadena nacional rodeados de cúpulas militares y policiales, señalando a los nueve magistrados como "enemigos del pueblo", consolidando una de las crisis institucionales más agudas del periodo.
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La diplomacia de la seguridad: la consolidación de la arquitectura con Washington
Mientras a nivel interno se profundizaban las pugnas institucionales, el año 2025 fue el periodo clave para consolidar a Estados Unidos como el principal sostén estratégico de Ecuador. No obstante, la cercanía con Washington no se limitó a hitos políticos de alta exposición como la visita del senador Marco Rubio en septiembre de 2025. La alianza se materializó a través de compromisos operativos y jurídicos sustanciales desarrollados a lo largo del año.
En julio de 2025, el Gobierno ecuatoriano firmó un acuerdo de cooperación administrativa clave con la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, facilitando el intercambio directo de oficiales de enlace en inteligencia para combatir el crimen organizado. Asimismo, hacia finales de 2025 se estructuraron operaciones marítimas y aéreas combinadas de corto plazo amparadas bajo los convenios militares de control bilateral (ratificados a inicios de la gestión de Noboa en febrero de 2024) que abrieron la puerta a misiones de interdicción conjunta de la Guardia Costera norteamericana y la DEA. Esto permitió dar golpes como la incautación de 10 toneladas de cocaína en alta mar a finales de octubre de 2025.
El propio mandatario remarcó públicamente el alcance de este soporte en mayo, cuando expuso en una entrevista con la cadena BBC que el intercambio continuo de informes de inteligencia es crucial, aunque insuficiente. El presidente Noboa insistió en elevar la cooperación militar en "áreas difíciles" de la frontera norte (Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas) para contener la influencia de grupos irregulares y guerrillas que operan en territorio fronterizo, así como en robustecer el blindaje tecnológico de los puertos de Posorja, Guayaquil y Puerto Bolívar contra los flujos financieros del narcoterrorismo.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visitó Ecuador en septiembre del año pasado; en esa ocasión se reunió con el presidente Daniel Noboa.
Frecuencia migratoria: la bitácora presidencial en perspectiva
La intensidad de la agenda con la nación norteamericana también se refleja en la bitácora de viajes del Primer Mandatario. Durante 2025, Noboa realizó un total de cinco desplazamientos hacia Estados Unidos, manteniendo a Nueva York y Washington D.C. como sus destinos prioritarios. Al cierre de noviembre de 2025, con una última gira de carácter reservado en territorio estadounidense, el mandatario sumó un total de 16 visitas acumuladas a ese país desde su toma de posesión a finales de 2023.
Este patrón de traslados refleja una constante actividad internacional durante sus primeros dos años de gestión:
- Frecuencia mensual: Desde que asumió el cargo en noviembre de 2023 hasta finales de 2025, Noboa registró un total de 28 viajes internacionales, promediando 1,2 salidas del país por mes. Esta frecuencia lo posiciona como el jefe de Estado ecuatoriano que más tiempo ha pasado fuera del territorio nacional en sus primeros dos años de gestión en la última década.
- Motivos personales: El registro oficial también detalla que algunos de los traslados del mandatario respondieron a razones de índole privada o familiar —como se estipuló en los respectivos decretos—, ocasiones en las cuales la comitiva de seguridad asignada se mantuvo bajo el financiamiento de las entidades correspondientes.
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El horizonte político: los desafíos de la gobernabilidad en el mediano plazo
La reconfiguración del mapa de poder durante 2025 deja un escenario de fuerzas encontradas para la administración de Daniel Noboa. Mientras el Ejecutivo consolida una mayoría legislativa en la Asamblea que le permite viabilizar sus proyectos urgentes, la firmeza jurídica de la Corte Constitucional permanece como el principal contrapeso institucional frente a los decretos excepcionales y las propuestas de reforma.
En el plano externo, la profunda articulación operativa y militar alcanzada con Washington se perfila como el pilar fundamental para sostener la estrategia de seguridad interna. El equilibrio de estos tres ejes será determinante para la estabilidad democrática y la continuidad de las políticas gubernamentales durante la segunda mitad de su gestión.
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