ADN puso en marcha nuevas prioridades de la agenda Olsen

El presidente Niels Olsen anunció las prioridades para su segundo año al frente de la Asamblea: reformas a la Ley de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal (COIP). En la sesión 94 del Pleno, realizada el miércoles 20 de mayo de 2026, ya comenzaron a delinearse los cambios que se busca impulsar, al menos en el primer cuerpo legal.

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“La prioridad debe centrarse en poner sobre la mesa las reformas para endurecer las penas contra los criminales y para proteger a los jueces y fiscales honestos, así como tratar como criminales a los jueces y fiscales que están involucrados en actos de corrupción”, dijo Olsen.

Primero las reformas a la Ley de la Función Judicial

En ese contexto, la Asamblea resolvió empezar por la Ley de la Función Judicial. Durante la sesión del miércoles, el oficialismo, el correísmo y varios independientes expusieron sus propuestas sobre el contenido del paquete de reformas.

ADN planteó, entre otros puntos, un blindaje ético para el sistema judicial, mayor transparencia y democratización de la justicia, un tratamiento técnico y transparente de las medidas cautelares a través de las unidades de servicios judiciales y la creación de nuevos procedimientos para los concursos de la Función Judicial.

Esteban Torres, nuevo jefe de bancada de ADN, y Keevin Gallardo, ponente del proyecto, propusieron que los jueces, especialmente los de unidades anticorrupción, se sometan a pruebas de polígrafo, escaneo de iris y análisis de voz, además de una vigilancia permanente de su patrimonio.

El oficialismo también insistió en la necesidad de crear un sistema de protección integral para funcionarios honestos. A esto se sumaron los asambleístas Christopher Jaramillo y Andrés Guschmer, quienes hablaron del “principio de publicidad” y sugirieron que las audiencias de interés público, como las tributarias superiores a 500.000 dólares, sean transmitidas en vivo y que cada decisión judicial quede registrada digitalmente para futuras revisiones.

Desde el Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano planteó que el juez que libere ilegalmente a un delincuente sea considerado también delincuente. Bajo esa lógica, la pena que reciba podría ser igual a la impuesta al procesado que dejó en libertad.

Además, sugirió que los llamados “jueces suicidas” (aquellos que fallan a favor de criminales aun sabiendo que podrían ser destituidos) tengan prohibición perpetua para ejercer cargos públicos.

Correísmo mira intromisión en selección de jueces

Las críticas al proyecto volvieron a llegar desde el correísmo. Asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), como Viviana Veloz, César Palacios y Liliana Durán, advirtieron que existe una “línea roja” en la propuesta que pondría en riesgo la independencia judicial.

Cuestionaron que el Viceministerio de Educación Superior sea el encargado de valorar las hojas de vida del comité que seleccionará a los jueces. Para ellos, se trata de una “intromisión grosera” que permitiría al Gobierno escoger magistrados “a dedo”.

Durán calificó la reforma como una “farsa” y una “tiranía disfrazada”. Además, anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad si se mantiene la intervención del Ejecutivo en el proceso de selección de jueces.

Cambios en el COIP para penas más severas

En cuanto al COIP, la apuesta volverá a centrarse en endurecer las penas. Serrano expresó su respaldo a esa línea y recordó que existen propuestas heredadas del anterior periodo legislativo que el PSC buscará impulsar.

Olsen sostuvo que las reformas al COIP son necesarias porque han surgido nuevas modalidades delictivas.

Sobre la posibilidad de alcanzar consensos, el correísta Franklin Samaniego señaló que revisarán los tipos penales que se propongan. “Existe un catálogo de delitos y de penas. No ha sido técnicamente respetado por el Ejecutivo”, aseguró.

Las posibles reformas al COIP

Según Niels Olsen, los principales problemas que aquejan a la ciudadanía son las extorsiones, secuestros y acosos digitales.

También habló del acoso físico y sexual y en este punto hizo referencia al uso de las redes sociales para los menores de 16 años. Con esa problemática en frente anunció que sobre todo lo relacionado con los dos últimos aspectos, se revisará la legislación de otros países para encaminar la propuesta de reforma. Pero aún no hay más detalles.