Pegasus y el espionaje a la oposición: ¿llegaron a Ecuador?

En días recientes se ha conocido sobre presuntas vulneraciones en contra de los dispositivos electrónicos de Fernando Cornejo, expresidente del directorio de la empresa municipal guayaquileña Segura EP, y de Gabriela Panchana, activista política, ambos personajes públicamente críticos con el gobierno actual. 

Cornejo hizo pública su denuncia compartiendo las capturas de pantalla de una notificación de alerta y de un correo, ambos aparentemente consistentes con las comunicaciones que la empresa Apple ha empezado a hacer llegar alrededor del mundo a usuarios que habrían sido víctimas de intentos de espionaje por medio de “spyware mercenario”, destacando a la tecnología Pegasus, perteneciente al grupo israelí NSO. Panchana, por su parte, presentó una denuncia en Fiscalía basándose en un incidente igual.

Lo primero: ¿Quiénes son NSO y a qué se dedican?

Esta empresa, como la creadora de Pegasus, decide venderles a usuarios afiliados con gobiernos el uso de su producto para espiar, según ellos, a terroristas y criminales, todo bajo condiciones regladas por contratos opacos. 

Sin embargo, investigadores de instituciones como el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y grupos humanitarios de distintos países han revelado que los blancos de los operadores de Pegasus por lo general han sido periodistas, activistas y opositores, no delincuentes. 

De hecho, regímenes dictatoriales y monarquías absolutas, que torturan y asesinan a sus opositores a través de métodos auténticamente criminales, figuran entre los clientes de NSO. Su récord y la naturaleza del producto que venden ha llevado a NSO a ser sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, el cual reconoce el uso abusivo de esta tecnología, supuestamente diseñada para servir a la seguridad de las naciones, y por ende la considera una amenaza para sus intereses. 

Otros problemas para NSO

Los problemas de NSO también se extienden al ámbito privado: el año pasado, WhatsApp, perteneciente al gigante tecnológico Meta, logró que una corte estadounidense le ordenase a NSO pagar cerca de 168 millones de dólares en reparaciones por haber espiado a alrededor de 1.400 usuarios del popular servicio de mensajería.

Si Pegasus solo puede ser operado por entidades estatales y se ha demostrado tanto en instancias administrativas como judiciales que se han violado tanto normas como derechos en su uso, es necesario hacer una pregunta cuya respuesta es tan evidente como aterradora: ¿qué hace ese spyware funcionando en este país?

Es cierto que a la hora de combatir a entes peligrosísimos que operan cruzando fronteras y moviéndose por los caminos oscuros del tráfico de sustancias, armas y personas, los Estados deben tomar medidas de carácter reservado las cuales inevitablemente terminan ubicándose en los contornos difusos de la ley. 

Pero lo que el señor Cornejo y la señora Panchana puedan tener de malo o que simplemente no nos guste no se acerca en lo más mínimo a la naturaleza de esos enemigos mortales del Estado y del bienestar público. 

Más bien, ellos ocupan el rol de las víctimas usuales de los operadores de Pegasus: un opositor y una crítica, voces cuya fuerza y vigor generan molestia o incluso temor en los altos sitiales del poder.

Aunque no debemos perder de vista que el señor Cornejo dirigió una empresa pública municipal acusada por el Gobierno Nacional de justamente espiar a los ciudadanos de Guayaquil con fines políticos, cualquier investigación que la justicia demande sobre el caso puede y debe ser canalizada por los métodos que la ley establece para extraer información de una persona o darle seguimiento, todo bajo la supervisión de las autoridades judiciales competentes. 

No habría por qué si quiera pensar en ir más allá. Fernando Cornejo no está afiliado a un grupo terrorista ni es agente de algún gobierno hostil, por lo que la invocación de algún argumento sobre el interés superior de la seguridad nacional es indefendible.

Ante esto, ¿qué nos queda? En un país más feliz la investigación de una prensa libre de cualquier acoso y de una academia totalmente independiente de los intereses de algún partido, a la par de la correcta fiscalización del caso (que de hecho, ya se intentó sin frutos durante la anterior legislatura). En este, intentar lo mismo con lo que todavía tenemos.