Organizaciones del Azuay rechazan el TLC con Canadá y anuncian demandas

La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) ha expresado su rechazo a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Canadá, suscrito este 24 de julio de 2026 en Ottawa. La organización sostiene que el acuerdo prioriza la protección de las inversiones extractivas por encima de los derechos de las comunidades, el agua y la naturaleza.

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Cuestionamientos al proceso de negociación

La firma del tratado se concretó un año y medio después del cierre de las negociaciones, alcanzado en enero de 2025. Por su parte, el Gobierno ha señalado que el acuerdo busca ampliar las oportunidades para la oferta exportable ecuatoriana y facilitar la importación de bienes en mejores condiciones.

En un pronunciamiento conjunto con otras organizaciones sociales y defensoras del agua, la FOA asegura que el proceso de negociación se realizó sin consulta ni socialización con las comunidades. Por su parte, su presidente, Lauro Sigcha, afirma que la organización solicitó durante más de dos meses información oficial sobre el contenido del tratado, pero que no obtuvo respuesta de las instituciones involucradas.

La FOA indica que, ante la falta de información, presentó una acción de acceso a la información pública que actualmente se tramita en una unidad judicial de Quito. Además, señala que las declaraciones de representantes del sector empresarial sobre el fortalecimiento de las inversiones canadienses, especialmente en minería, refuerzan sus preocupaciones respecto al alcance del capítulo de inversiones.

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Acciones legales y preocupaciones por la minería

En el comunicado, la organización afirma que dirigentes como Carlos Novillo, Hortencia Zhagui y Yaku Pérez han advertido que el tratado podría fortalecer la presencia de empresas mineras canadienses y aumentar la presión sobre páramos, fuentes de agua y territorios indígenas y campesinos. También cuestionan los mecanismos de arbitraje internacional, al considerar que podrían limitar la capacidad del Estado para proteger los derechos colectivos y el ambiente.

Las organizaciones anuncian que impulsarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y presentarán una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con estas acciones buscan frenar la aplicación del tratado al considerar que vulnera derechos colectivos y podría profundizar los conflictos socioambientales relacionados con la actividad extractiva.