cámaras de segura EP
Ministra de Gobierno presenta denuncia en Fiscalía: "Correa estaría liderando red de espionaje"
Nataly Morillo pidió a la Fiscalía una investigación por el presunto uso político de las cámaras de Segura EP. La ministra señaló posibles delitos como peculado

La ministra de Gobierno Nataly Morillo acudió a la Fiscalía este 22 de junio de 2026.
Lo que debe saber
- Un audio atribuido a Rafael Correa puso sobre la mesa nuevamente el denominado caso Porsche, relacionado con la explosión en la Bahía de Guayaquil.
- La ministra de Gobierno cree que hay una red de espionaje articulada por el expresidente y condenado en el Caso Sobornos.
- Morillo solicitó que se investiguen posibles delitos como peculado y mal uso de información pública.
El uso de las cámaras de Segura EP de Guayaquil escaló a la Fiscalía General del Estado. Este 22 de junio de 2026, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, pidió una investigación exhaustiva por lo que considera una red de espionaje que opera en esa empresa municipal.
Política
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Daniel Alejandro Romero Páez
“Vengo a presentar una denuncia ante la Fiscalía General para que se proceda a realizar una investigación exhaustiva sobre el presunto cometimiento de delitos que se estarían realizando dentro del sistema de Segura EP y que, lamentablemente, ha sido un sistema mal utilizado, sobre el cual los guayaquileños han puesto de su dinero para que pueda prevenir delitos”.
La acción legal se relaciona con el denominado caso Porsche. En las últimas semanas, este caso volvió a la discusión pública tras la difusión de un audio atribuido a Rafael Correa, máximo líder de Revolución Ciudadana y sentenciado en el caso Sobornos.
#AHORA | La ministra de Gobierno Nataly Morillo acudió a la Fiscalía General para solicitar una investigación sobre presuntos delitos cometidos desde Segura EP de Guayaquil. La funcionaria señaló a Rafael Correa como líder de una red de espionaje. Entre los delitos que pide… pic.twitter.com/AUhuyKdBrJ
— Diario Expreso (@Expresoec) June 22, 2026
En el audio se escucharía al exmandatario conversar con el exoficial de la Policía Nacional Rodney Rengel sobre una investigación paralela del caso realizada por el correísmo y el uso de recursos de Segura EP.
El propio alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, impulsó la denuncia sobre la presencia de un vehículo Porsche Cayenne en la Isla Trinitaria. Esto llamó la atención de las autoridades municipales porque llegó al mismo lugar donde se ubicaba la vivienda del único procesado por una explosión en la Bahía de Guayaquil.
Ministra de Gobierno señala directamente a Correa
Morillo dijo que las cámaras de Segura EP fueron utilizadas con fines políticos. Además, habló de la existencia de una presunta red de espionaje “que estaría siendo liderada por Rafael Correa”. A la lista de supuestos involucrados sumó a un asambleísta en funciones y a un exdefensor del Pueblo.
Morillo se refiere al asambleísta y exjefe de la bancada correísta Juan Andrés González, de quien también se asegura que aparece en el audio relacionado con el caso. Cabe recordar que González fue quien llevó el tema a la Asamblea Nacional, donde fue tratado en la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo.
La ministra de Gobierno habló de la posible configuración de varios delitos. Entre ellos están:
- Peculado.
- Mal uso de información pública.
- Intimidación.
El caso también se investiga en la Asamblea Nacional
El oficialismo en el Legislativo también impulsa un proceso de fiscalización. Este 22 de junio de 2026, la Comisión de Seguridad, presidida por Inés Alarcón (ADN), conoció la resolución aprobada por el Pleno la semana pasada.

El asambleísta Andrés Castillo fue el proponente de la resolución que obtuvo 140 votos a favor para iniciar la fiscalización sobre Segura EP.
Dicha resolución estableció que la mesa legislativa conozca, analice y dé seguimiento a los hechos relacionados con las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP. La comisión tendrá un plazo de seis meses para emitir un informe con sus hallazgos.