Ley Antimafias en Ecuador: ¿qué penas propone y por qué genera críticas en la Asamblea?
El Pleno del Parlamento discute reformas al marco penal para castigar el financiamiento ilícito, intervenir bienes y sancionar a abogados defensores
Sesión de la Asamblea Nacional este 27 de agosto.
El Pleno de la Asamblea Nacional dio paso este 27 de agosto de 2026 al primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación Productiva y Territorial Frente al Crimen Organizado. La normativa, impulsada por la titular del Legislativo, Mishel Mancheno, plantea reformas directas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a los mecanismos de extinción de dominio para intervenir la estructura financiera y operativa de las agrupaciones delictivas.
Modificaciones al marco legal vigente
El documento técnico remitido por la Comisión de Seguridad plantea la alteración del artículo 369 del COIP, referente a la delincuencia organizada. La propuesta eleva la condena base de 22 a 26 años de privación de libertad para quienes constituyan u organicen grupos de tres o más individuos con propósitos económicos ilícitos.
Mishel Mancheno defendió su iniciativa ante el Pleno durante el primer debate de la Ley Antimafias.
Tras la exposición de los legisladores proponentes, se detallaron las principales innovaciones punitivas que se ejecutan en el articulado:
- Agravantes específicos: La sanción alcanza los 30 años si la agrupación comete delitos como terrorismo, sicariato, minería ilegal, trata de personas o lavado de activos.
- Colaboradores externos: Se impone una pena de 10 a 13 años a los individuos que, sin ser parte de la estructura, faciliten asesoría financiera, tecnológica o contable a las redes delictivas.
- Sanción a profesionales: Se estipula la pérdida de la licencia profesional para abogados que registren sentencias ejecutoriadas por colaboración con el crimen organizado.
- Uso de bienes incautados: Se autoriza al Estado el uso temporal de propiedades o vehículos confiscados antes de que exista una resolución judicial definitiva sobre su destino.
Debates sobre la proporcionalidad jurídica
Durante la sesión, el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) justificó la normativa bajo el argumento de dotar al Estado de facultades coercitivas ágiles. Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, atribuyó el fortalecimiento de las redes de narcotráfico a la permisividad de las administraciones gubernamentales previas.
En contraparte, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presentó reparos técnicos a la redacción del documento. El asambleísta Gerardo Machado argumentó que los tipos penales abiertos generan interpretaciones contradictorias en el sistema judicial, advirtiendo un escenario de "populismo penal" debido a los incrementos desproporcionados de las condenas. Asimismo, la facción política cuestionó la disposición de prisión preventiva sin la demostración de hechos individualizados (como peligro de fuga) y advirtió sobre el riesgo de politización en las reformas referentes a la sustracción de hidrocarburos.
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Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) intervino para solicitar la eliminación del límite de acumulación de 40 años, actualmente vigente en la legislación ecuatoriana. El asambleísta Alfredo Serrano planteó un mecanismo de sumatoria total de penas individuales por cada delito ejecutado.
Tras la recolección de las observaciones técnicas, el proyecto retornará a la Comisión de Seguridad, delegación que asume la competencia de estructurar el informe vinculante para el segundo y definitivo debate.
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