El juicio a Rosero avanza sin ruido de ADN ni del correísmo: ¿qué dicen las fuerzas políticas?

En la Asamblea Nacional, el proceso de juicio político en contra del vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) David Rosero parece transcurrir sin mayor trascendencia. Ni el oficialismo ni el correísmo han abanderado la causa a favor o en contra, tal como ocurrió con otros procesos, como el último relacionado con la exministra de Energía Inés Manzano.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), sin anuncio público, remitió el proceso a la Comisión de Fiscalización. Esta última, en una sesión que duró menos de 16 minutos y con una sola intervención del asambleísta del oficialismo Luiggi García, el pasado 5 de septiembre calificó la solicitud del independiente y aliado de ADN Sergio Peña.

Este último, con las firmas de apoyo de ADN, ha impulsado solo el proceso. Ha dicho que cuenta con imágenes y videos sobre una supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, aspirante al cargo de fiscal general. Eso, según Peña, podría configurar el incumplimiento de funciones.

La acusación no es menor. El CPCCS lleva adelante el concurso para la designación del titular de la Fiscalía, un proceso que ha enfrentado cuestionamientos desde su inicio. El mismo correísmo ha criticado el concurso y planteó solicitudes de juicio político en contra de cuatro vocales, incluido Rosero, por dichas irregularidades.

¿Qué dice el correísmo?

El asambleísta correísta Luis Molina, quien impulsó dichas solicitudes, habló de un cálculo político. “Lo de Rosero es parte de las maniobras políticas del Gobierno para mantener la mayoría en el CPCCS”, dijo. Todo esto con miras a la última etapa del concurso para la designación del fiscal.

Si bien el correísmo se abstuvo en la calificación de la solicitud en la Comisión de Fiscalización, Molina dice que como bancada no defenderán a nadie. “Tendrán que establecerse las pruebas de cargo y descargo. Quienes deben pronunciarse son los del Gobierno, porque a veces aceptan el juicio político y ahí queda. Otras veces se lo echa a andar de acuerdo con cómo se mueven las mayorías en el CPCCS”, añadió.

La visión del PSC

El asambleísta socialcristiano Alfredo Serrano coincide en que la solicitud de juicio político tiene que ver con sostener la mayoría en el CPCCS. “Rosero conformaba la mayoría gobiernista y, al parecer, algo no ha cumplido y ahora se van a deshacer de él”, manifestó. El PSC aún no tiene una posición sobre si apoyará o no la censura y destitución en caso de que esta llegue al Pleno.

Desde el oficialismo no hay un pronunciamiento oficial sobre su posición al respecto. EXPRESO intentó contactar a María Paula Villacreces, vicepresidenta de la comisión, y Fabiola Sanmartín (ADN), integrante de la mesa, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

La Comisión de Fiscalización está controlada por el oficialismo y es presidida por Ferdinan Álvarez. Tras la calificación del juicio, esa mesa emitió un comunicado en el que aseguró: “Aquí no se anticipan resultados ni se evaden responsabilidades. Serán los hechos y las pruebas los que determinen lo que corresponda”.

El apoyo de ADN será determinante ante dicha solicitud. La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que para la censura de un vocal del CPCCS se requiere mayoría absoluta, es decir 77 votos. El oficialismo es el encargado de manejar esa mayoría. Aún sin apoyo de la Revolución Ciudadana, ADN podría dar paso a la censura y destitución.

Por ahora está pendiente que se determine el cronograma para la sustanciación de las pruebas de cargo y descargo. Ana Cecilia Herrera (RC), integrante de la Comisión dijo que está corriendo el plazo de 15 días para la presentación de las pruebas. Luego de eso empezará la sustanciación. 

Del lado de Peña ya se ha anunciado que las imágenes y videos de la supuesta reunión salieron de una cámara de seguridad. La misma se habría producido en un edificio de Cumbayá, en Quito, por cerca de dos horas.

El proceso incluirá un careo entre el asambleísta que busca la censura y el vocal del CPCCS. Al final, la comisión deberá presentar un informe en el que recomiende o no el enjuiciamiento. Este no es vinculante para el Pleno. Aunque por normativa, después de la calificación en la comisión, el proceso ya no debería estancarse en la mesa legislativa.

Este sería el segundo proceso en contra de un vocal del CPCCS durante el actual periodo de la Asamblea. Antes, ADN llevó a juicio al exvocal Gonzalo Albán. 

También lo acusó de incumplir funciones, pero por un hecho ocurrido antes de que ejerza el cargo. Serrano recordó que en ese momento Albán le era incómodo al Gobierno, aunque no por una situación similar a la de David Rosero.