investigación
El informe de NYU que alerta sobre la independencia de la Corte Constitucional de Ecuador
El Laboratorio del Estado de Derecho de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York pone otra vez en debate los estados de excepción
En febrero del 2025, la Corte Constitucional ordenó crear una comisión interinstitucional para crear política pública en materia de seguridad, en lugar de seguir con estados de excepción.
Hace casi un año y medio, la Corte Constitucional señaló que los estados de excepción no ofrecen una solución a los problemas estructurales de violencia y crimen organizado y ordenó crear un mecanismo técnico para enfrentarlos desde el régimen ordinario. En septiembre 2026, un informe de la Universidad de Nueva York (NYU) pide al Gobierno de Ecuador cumplir el Dictamen 1-25-EE/25.
El Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de NYU difundió el 22 de septiembre de 2026 la investigación Represalias del Poder Ejecutivo contra la Corte Constitucional del Ecuador: el Estado de derecho bajo amenaza.
En el informe se analiza lo que califica como una campaña de represalias del Gobierno contra la Corte, que, según el documento, comenzó tras la admisión de acciones de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Ejecutivo y la adopción de medidas cautelares.
Además, la investigación recoge denuncias de supuestos abusos cometidos durante las operaciones de seguridad. Entre ellas menciona detenciones arbitrarias, tratos degradantes y desapariciones forzadas. Destaca el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, cuya desaparición fue atribuida por la Corte a una patrulla militar. En diciembre de 2025, 16 militares fueron declarados culpables por desaparición forzada.
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NYU sostiene que la Corte ha cumplido un papel de control frente al uso reiterado de estados de excepción y a los intentos de ampliar las facultades del Ejecutivo mediante leyes económicas urgentes.
¿Qué recomienda NYU a Ecuador?
- Entre sus recomendaciones, el informe plantea poner fin a ataques, amenazas, intimidaciones o represalias contra la Corte y sus jueces, así como proteger su independencia institucional, financiera, operativa y de seguridad.
- En el documento también se cuestiona el uso de proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, cuyo plazo máximo de 30 días para su trámite reduce el tiempo de deliberación legislativa.
- En la investigación se refiere a la manifestación encabezada por el presidente Daniel Noboa contra la Corte y sus jueces el 12 de agosto de 2025 y advierte que ese tipo de acciones puede generar un clima de hostilidad hacia el control constitucional.
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