Informe habla de 95 casos de incremento patrimonial injustificado de alcaldes y prefectos

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó el informe en el que se detalla que el 37,85 % de los casos analizados presenta sospechas de un posible incremento injustificado del patrimonio de alcaldes y prefectos del país.

En el último tramo de la sesión, la mesa legislativa se enfrascó en una discusión sobre el momento en que se levantaría la confidencialidad del listado de autoridades locales que aparecían en las categorías naranja y roja.

Como metodología para presentar los hallazgos, la mesa legislativa optó por cruzar información de diferentes entidades de control, además de denuncias ciudadanas. 

A partir de esos datos utilizó un semáforo en el que los colores rojo y naranja se asignaron a los casos considerados prioritarios para ser investigados por la Fiscalía y la Contraloría.

El anexo que incluye los nombres de las autoridades locales y sus respectivas jurisdicciones fue tratado como reservado. Sin embargo, durante la sesión se conocieron algunos de los resultados:

¿Qué se tomó en cuenta para ubicar cada caso?

Según el informe aprobado por la comisión, se consideraron tres elementos clave para ubicar cada expediente en una categoría. El primero fue la existencia de variaciones patrimoniales que exceden la capacidad salarial de las autoridades. El segundo tomó en cuenta la existencia de investigaciones penales, mientras que el tercero correspondió a la condición de omisos en el sistema tributario ecuatoriano.

La metodología fue cuestionada por el correísmo en la mesa legislativa. Según sus integrantes, aunque el informe se refiere a sospechas y no determina responsabilidades, ubicar a las autoridades en alerta roja o naranja podría interpretarse como un prejuzgamiento. La correísta Patricia Núñez advirtió que esto podría incidir en la reputación de los investigados.

Como parte de las resoluciones del informe está que la información debe ser remitida a la Fiscalía y Contraloría tomando en cuenta el nivel de riesgo. Así, solo los expedientes en rojo y naranja se remitirían a la Fiscalía. 

Al final, la mesa legislativa se enfrascó en una discusión a partir de una petición del propio correísmo. Xavier Lasso aseguró que, una vez aprobado el informe, el anexo confidencial con los nombres y apellidos de las autoridades podría utilizarse políticamente. Por ello, sugirió que la moción de aprobación estableciera que esa información no se hiciera pública hasta que el Pleno adoptara una decisión.

Finalmente, la moción planteada por el independiente y aliado de ADN Samuel Celleri no tuvo cambios. El presidente de la mesa, Cristian Benavides, votó a favor del informe, al igual que otros seis asambleístas cercanos al oficialismo e integrantes de ADN. Solamente los tres legisladores del correísmo votaron en contra.

Así, la decisión quedó en manos del Pleno de la Asamblea Nacional, que deberá resolver sobre este tema mientras está en curso el proceso electoral de las seccionales de 2026, cuya votación está prevista para el 29 de noviembre de ese año.