Impugnante fantasma enturbia el concurso para el nuevo fiscal

Hamilton Rickard Taramuel Terpe. Diecinueve años de edad. Tatuador. Reside en Quito. Denunciado por robo, fue sobreseído en diciembre pasado. No es abogado ni se sabe que tenga relación alguna con un estudio jurídico o una facultad de Jurisprudencia. Ajeno al derecho y a la vida pública, no se conoce ni se puede presumir que tenga razones para ser enemigo de alguno de los aspirantes a fiscal general (si litigase, a lo mejor le sobrarían). 

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Tampoco se han hecho públicos registros que lo puedan catalogar como un activista en algo relacionado al sistema de justicia. Entonces, ¿por qué figura como el impugnante de cuatro participantes del concurso para escoger al nuevo fiscal?

Precisamente esa pregunta se hizo el periodista Fausto Yépez, quien lo fue a buscar a su barrio. No dio la cara. Sus amigos se hicieron los desentendidos. Recién mañana podremos ver si se asoma a defender la primera de las impugnaciones que presentó. Para el resto tendrá como dos semanas. Si no lo hace, o si monta un papelón, la pregunta seguirá igual de vigente.

Las impugnaciones y las dudas sobre el proceso

Sin embargo, aunque Taramuel resulte sorpresivamente ser un elocuente prodigio profundamente interesado en los destinos de la Función Judicial, de todas formas quedaría otro cuestionamiento más por hacerle.

Y es que llama la atención que dos de los concursantes a los que él impugnó, Daniella Camacho y Salomón Montecé, figuran entre los mejor puntuados en la fase de méritos del concurso (la primera y el cuarto, respectivamente). En medio de ellos están Inés Maritza Romero, quien enfrenta ocho impugnaciones presentadas por diversas personas (y un par de personalidades), y Carlos Leonardo Alarcón, nuestro muy comedido fiscal general encargado, contra quien solo se calificó una. A Camacho le calificaron seis. Montecé nada más tendrá que contestar la presentada por Taramuel.

En un momento en el que el fiscal Alarcón es acusado de coludir con el Gobierno para favorecerlo en las elecciones, habiendo instigado la suspensión de los movimientos Revolución Ciudadana y Amigo, que él tenga la suerte, digámosle así, de ser el mejor puntuado con menos impugnaciones, es por lo menos sospechoso. Más aún después de que una figura como el joven ciudadano Taramuel haya aparecido a oponerse a dos contrincantes muy cercanos a él en el puntaje, de remate resultando ser el único impugnante calificado del candidato que le sigue en el ranking.

La sospecha sobre la selección del próximo fiscal

Nadie puede, bajo la normativa vigente, negarle a Hamilton Taramuel su derecho a participar de los procedimientos de este concurso, pero la sospecha es un derecho que nos reservamos el resto de los ciudadanos. Y de esa sospecha emerge cierta frustración ante la evidente facilidad con la que se puede manipular o entorpecer un asunto tan grave como la selección del siguiente fiscal general del Estado.

Podríamos pensar que lo que se puede hacer ya se hizo: Taramuel fue puesto en evidencia y la ciudadanía, al menos la minoría políticamente activa, ha quedado en alerta ante lo que acontecerá en la siguiente fase del proceso. Pero no sería correcto descartar, al menos como una idea, la conveniencia de reformar las reglas que rigen los concursos de selección de autoridades, para así evitar que incidentes de este tipo se repitan.

¿Es necesaria una reforma al sistema de impugnaciones?

Lo primero que algunos podrían sugerir, por enésima vez, sería la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o al menos la supresión de sus facultades de designación; pero tal propuesta ya perdió fuerza con la derrota de la opción constituyente el año pasado. Tanto así que el Gobierno desistió de ponerla directamente en la papeleta para estas elecciones. Tampoco parecería que le haya urgido hacer tal cosa, en vista de que tiene el control de la mayoría del CPCCS.

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Una alternativa más sencilla sería reformar la ley para que tanto la conformación de las comisiones ciudadanas que califican a los candidatos como la presentación de las impugnaciones contra ellos sean obligatoriamente canalizadas a través de organizaciones de la sociedad civil. Estas podrían ser gremios, universidades o asociaciones de cualquier índole, siempre y cuando estén debidamente registradas para aquello.

El punto no sería restringir la participación de la ciudadanía en general (la Corte Constitucional difícilmente lo permitiría), sino garantizar que una institución seria y fácil de localizar pueda dar la cara por los actos que se realicen como parte del proceso de designación de las autoridades.

Los límites de cualquier cambio institucional

Esta no es una solución perfecta, por supuesto. Hay mil maneras de encontrarle la trampa: bloquear organizaciones incómodas o inventarse mil fundaciones de papel y registrarlas. 

Si con eso no alcanza, siempre queda la oportunidad de tomarse la directiva de la institución problemática, o simple y llanamente amedrentar a sus miembros. Pero eso es otro problema más profundo. Es el problema en el centro de la debacle democrática de este país.