Fiscalización sobre incremento patrimonial de alcaldes y prefectos salta de la Asamblea a Fiscalía

La fiscalización al presunto incremento patrimonial injustificado de alcaldes y prefectos del país podría pasar de la Asamblea Nacional a la Fiscalía. El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, anunció la presentación de una denuncia tras recibir una alerta sobre supuestos ofrecimientos para sacar a autoridades de la lista de investigados.

Benavides explicó este 22 de septiembre de 2026 que recibió información de “un alcalde del noroccidente de Pichincha”. 

Según el legislador, dicha información estaría relacionada con ofrecimientos de que “ciudadanos de la Asamblea podrían sacarlos de la investigación”.

Benavides dijo que podría tratarse de un círculo de extorsionadores que estaría tomando el nombre de la Comisión de Gobiernos Autónomos y de la Asamblea Nacional. La denuncia, sin embargo, no especifica si a cambio de dicho ofrecimiento se solicitaba dinero.

El presidente de la mesa legislativa entregará la información que le fue remitida, en la que, entre otros elementos, constan números telefónicos. Benavides sugirió que podría tratarse de pedidos de favores a los alcaldes.

En este contexto, el legislador pidió que, si existen otras autoridades seccionales que han recibido este tipo de ofrecimientos, lo denuncien. También afirmó que, hasta el momento, este es el único caso del que tiene referencias y una denuncia.

¿Qué se investiga en la Comisión de Gobiernos Autónomos?

El proceso de fiscalización fue dispuesto mediante la Resolución RL-2025-2029-095, aprobada por el Pleno el 23 de junio de 2026. La investigación contempla el examen, análisis contable y contraste de la información patrimonial y financiera de las autoridades seccionales incluidas en el proceso.

Hasta ahora, la información recabada se ha manejado bajo reserva, pero se conoce que poco más de 70 alcaldes formarían parte de la lista de investigados por la comisión. 

Sin embargo, una vez cumplido el plazo establecido, la comisión requirió más tiempo para cerrar el informe. Benavides explicó que la decisión de solicitar una prórroga de 10 días para terminar con el encargo del Pleno se debe a que información de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura todavía no había llegado.

“Necesitamos hacer el cruce de esa información por cuestiones de semaforización”, informó el legislador. Respecto a esta metodología, Benavides explicó que se trata de un mecanismo para determinar el tipo de alerta correspondiente a cada una de las autoridades investigadas.

La prórroga fue solicitada durante la sesión del Pleno de este martes y fue concedida. Según el presidente de la comisión, los 10 días serán suficientes para terminar el informe, que deberá ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional.