Elecciones seccionales: alcaldes investigados y candidatos suspendidos mueven el tablero político

Que el alcalde de Machala, Darío Macas, sea corrupto y que haya hecho transacciones por más de seis millones de dólares sin justificación es algo perfectamente posible. Y que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, jamás haya podido explicar el origen de su enorme fortuna también es un hecho cierto. ¿De dónde sacó ocho millones de dólares para prestarle al equipo de sus ojos, Barcelona?

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Lo mismo ocurre con Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, preso por el presunto movimiento ilícito de más de 15 millones de dólares: es perfectamente posible que sea un gánster porque no existe explicación para sus abultadas transacciones financieras. 

Más casos contra alcaldes

¿Y la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, detenida el 25 de junio de 2026 durante la denominada Operación Digitador porque la Fiscalía la procesa por, supuestamente, dedicarse a la emisión irregular de documentos de tránsito? También es posible que sea culpable y merezca una sanción ejemplar.

Y esto sin mencionar al alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo, aprehendido en agosto de 2025 dentro del caso Ornato Municipal, por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública cuyo perjuicio superaría los 300 mil dólares. 

En esa misma ciudad existe otro caso: el exalcalde José Arroyo Cabrera también fue detenido en agosto de 2025, acusado por la Fiscalía de peculado en contratos de obras de ornato durante su administración, cuando se hablaba de su inmenso patrimonio político y electoral.

¿Qué tienen en común los políticos opositores?

¿Qué tienen en común estos personajes? Que pueden haber sido corruptos, pero que, mientras no se demuestre lo contrario, son inocentes. Algunos, además, acumularon fortunas difíciles de explicar, lo que alimenta las sospechas sobre el origen de ellas.

Pero hay otro elemento que los une: todos tenían aspiraciones de participar en las próximas elecciones seccionales (o, al menos, un enorme capital político, como Arroyo) y ninguno representaba los intereses del Gobierno. 

Y si, en efecto, hicieron fortunas malhabidas, nadie pareció advertirlo durante años. Aquiles Álvarez, por ejemplo, fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil cuando ya se hablaba de su sorprendente riqueza y nadie mostró el menor interés en investigarlo.

Fiscalía cuestionada por solo actuar en ciertos casos

Además, todos estos procesos se activaron en pleno tiempo de cálculos electorales. Y en casi todos los casos, la actuación de la Fiscalía ha sido especialmente (e incluso sospechosamente) célere. A Darío Macas, por ejemplo, lo arrestaron por un caso impulsado por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas y no por la de su propia provincia.

¿Existe, entonces, una instrumentalización política de la justicia para inhabilitar a adversarios electorales de un Gobierno que tiene bajo su control a la Fiscalía? Aunque no pueda afirmarse como un hecho, la hipótesis resulta perfectamente verosímil, sobre todo cuando se observa que existen otros casos en los que la Fiscalía, desvergonzadamente, se hace de la vista gorda.

En los casos Progen y ATM, por ejemplo, se entregaron más de 100 millones de dólares a oscuras empresas por generadores eléctricos que no servían y, hasta ahora, no hay un solo implicado de alto perfil detenido ni exhibido públicamente, como sí ocurrió con Darío Macas, cuya fotografía apareció en las redes sociales del ministro del Interior, John Reimberg, como si se tratara de un estruchante capturado en una terminal terrestre.

El recurso de la violencia política de género

Las sospechas se hacen más agudas cuando se observa que los organismos electorales también han eliminado de la carrera electoral a figuras con opciones de triunfo para los comicios de noviembre. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue suspendido por seis meses por el Tribunal Contencioso Electoral tras una denuncia por violencia política de género presentada por una concejala a la que llamó “fulana”. 

Y pocas horas antes del cierre de esta edición, el mismo TCE suspendió los derechos políticos del prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, también por una denuncia de violencia política de género, aunque todavía no se conocen los fundamentos de esa decisión. Tayupanda se perfilaba como el candidato más fuerte para llegar a la Prefectura.

Pero si existen razones para sospechar de un uso político de la Fiscalía, en cambio hay algo muy cierto y evidente: frente a este escenario no existe una oposición capaz de levantar la bandera de los derechos democráticos, las libertades individuales y el Estado de Derecho.

Correísmo: opositor cuestionado

El correísmo es la principal fuerza opositora, pero no ha estado a la altura de las circunstancias. Quizá porque carece de autoridad moral para denunciar el autoritarismo de Daniel Noboa o los escándalos del gobierno (Rafael Correa también gobernó de forma autoritaria), o porque su liderazgo atraviesa un evidente colapso. 

Lo cierto es que ni siquiera ha logrado articular una defensa sólida de su alcalde, Aquiles Álvarez, frente a los atropellos de los que ha sido víctima durante el proceso judicial. No hay siquiera otros partidos que hayan salido a defender el Estado democrático y de Derecho. Además, son poquísimos los políticos que lo hacen, con excepciones como la de Henry Cucalón.

Ayer se cumplió un mes del asesinato de la activista Monika Silva y es como si nada hubiera pasado, al menos por la actitud de los políticos y hasta de la opinión pública. 

A Diario EXPRESO se lo quiere asfixiar financieramente para doblar su línea editorial y son contadísimos los líderes de opinión que han salido para defender la libertad de prensa o la de empresa. La falta de una oposición democrática en el Ecuador es, ciertamente, desalentadora.