Elecciones 2026: la precampaña transcurre en medio de dádivas en público y gastos a escondidas

Si después de revisar la ley vigente y las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), alguien saca la cabeza por la ventana o posa su mirada en una pantalla, esa persona podría pensar que accidentalmente se metió en una página del país equivocado. Quizá, llegará a temer que alucinaba. Eso sería mejor que afrontar la triste realidad del Ecuador: el CNE ha puesto, por enésima vez, plazos, reglas y montos para la campaña los cuales nadie respeta.

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Según lo dispuesto por el pleno del Consejo, la campaña oficialmente comenzará el 12 de noviembre y, al menos según la letra de la ley (art. 278 del Código de la Democracia), quien sea que se adelante a esa fecha incurre en una infracción electoral grave, la cual puede ser sancionada de forma pecuniaria o, lo que sí que le dolería a cualquiera, castigada a través de la suspensión de los derechos de participación y hasta con la destitución. 

En ese mismo artículo también se clasifican como graves otras prácticas muy comunes como distribuir “donaciones, dádivas o regalos”, participar en la entrega de obras como candidatos o promover, en el ejercicio de un cargo público, el voto por una lista.

Sin embargo, por más que el CNE lleve años regodeándose de acumular miles de “hallazgos”, muy poco se sabe de las sanciones que terminan implementándose después de la presentación de sus denuncias ante al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Por ahí salta a la memoria un caso del asambleísta Roberto Cuero por presunta precampaña, y otro del alcalde de la capital, Pabel Muñoz, por hacer proselitismo en el cargo.

Fuera de esos incidentes aislados, todos podemos ver cómo los políticos violan la ley con total impunidad y sin el más mínimo empacho. Unos ya llevan desde mucho antes del adelanto de las elecciones regalando racimos de plátano y colándose a los actos oficiales de la entrega de obras o de subsidios. 

Otros ya eran candidatos antes de siquiera ser calificados, y no solo se han dedicado a difundir sus ideas y planes, como el artículo 208 del Código permite, sino que van por los barrios y los campos pintando paredes, repartiendo camisetas y montando tarimazos, rodeados siempre de un séquito de asesores, no de su partido, sino de su campaña, pagados con plata, no del fondo partidario, sino vaya uno a saber de qué procedencia.

Y es que la plata también es un problema. Si bien el artículo 209 del Código especifica las fórmulas precisas con las que se debe calcular el gasto máximo de una campaña por fuera del fondo de promoción electoral que el CNE asigna, es evidente que la plata que se mueve desde ya por las calles y en las redes no corresponde a esa aritmética. 

Por ejemplo, el numeral 5 del artículo antes mencionado establece lo siguiente sobre las elecciones a alcaldes: el gasto debe ser máximo “la cantidad que resulte de multiplicar el valor de cero coma cuarenta centavos de dólar por el número de ciudadanos que consten inscritos en el registro metropolitano o cantonal”.

De esa forma, en Guayaquil y Quito el límite es de poco más de 800.000 dólares, y en Cuenca de un poco menos de 180.000. Todos los que trabajan en política saben que es casi imposible pelear una campaña de la magnitud que naturalmente alcanzan las elecciones en esos cantones con montos tan bajos, y lo admiten con total libertad en privado. 

Pregúntenles, y sobre Quito y Guayaquil hablan de millones, al menos como un objetivo (es cierto que también se quejan de que la plata escasea, sea por la falta de interés o el exceso de temor). Sin justificar la manera en la que hoy se rompe la ley, es evidente que mientras esta no se reforme para volverla algo más realista, contemplando montos más cercanos a lo que realmente se gasta e incluyendo mecanismos para regular la contratación de la publicidad que circula en redes, nadie la va a obedecer.

Hasta mientras, debemos insistir en que al menos las normas del más básico pudor sean respetadas. No puede ser aceptable que un candidato, como es el caso del Dr. Jorge Yunda en Quito, pueda ponerse a regalar dinero de su propia billetera en un concurso de trivia -evidente acto de proselitismo- sin tener que esperar nada más que algunos trinos enardecidos y el comentario molesto de los analistas como producto de aquello.

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Si el candidato Yunda piensa que le basta con pretender aclarar por medio de un tuit que lo que entregó no fue un regalo sino el pago de una apuesta, a lo mejor tenga razón, pero tan solo porque el pueblo capitalino y el resto del país así se lo permite. Y si es así, no se extrañen de que vengan cosas peores. De hecho, viendo las recientes retiradas de algunos candidatos y las injustificables sanciones bancarias contra otros, podríamos decir que ya llegaron.

Coja su ticket y su vasito de cola, vecino, y siéntese, que al fondo hay sitio.