Elección del CPCCS en 2026 se define entre críticas y posible reforma

En noviembre de 2026, los ecuatorianos acudirán a las urnas no solo para elegir concejales, alcaldes y prefectos, sino también a los siete nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). 

La elección de estas autoridades, responsables de promover la participación ciudadana y designar cargos clave del Estado, se desarrollará en un contexto marcado por cuestionamientos a su gestión y la posibilidad de un referéndum impulsado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Fantoni defiende la gestión en su último año

Desde el propio CPCCS, su presidente Andrés Fantoni sostiene que la actual administración entra en su último año con objetivos alcanzados. En declaraciones a EXPRESO, afirmó que su gestión logró destrabar procesos de designación que permanecían estancados y aplicar mecanismos más ágiles, transparentes y simplificados, en cumplimiento de las atribuciones constitucionales del organismo.

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Fantoni asegura que uno de los principales hitos ha sido promover una reforma normativa integral para modernizar los concursos de selección, así como una transformación estructural de la institución que incluye mejoras en infraestructura, capacidad técnica y logística. 

También destacó avances en la lucha contra la corrupción, con la aplicación del Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2024‑2028, y en devolver protagonismo a la ciudadanía.

Cuestionamientos desde la sociedad civil

Pese a esa valoración, las críticas no han cesado. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, considera que el CPCCS arrastra deudas significativas con la ciudadanía. Señala que, tras cuatro años de funciones, no se avanzó en concursos clave como el del Consejo Nacional Electoral, y advierte que el proceso para designar al fiscal general del Estado podría enfrentar los mismos problemas.

Los cuestionamientos también provienen desde el interior del organismo. La consejera Nicole Bonifaz, procesada en el caso Ligados por presunta asociación ilícita, sostiene que la actual administración llega a su tramo final con pendientes importantes en la designación de autoridades. A su criterio, el CPCCS ha estado condicionado por mayorías que habrían priorizado acuerdos políticos sobre la institucionalidad.

Bonifaz recordó episodios recientes como la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, marcada por obstáculos para la posesión de Alexandra Villacís, así como las dudas que comienzan a surgir en el concurso para fiscal general. Insistió en que no se deben legitimar procesos que, a su juicio, nacen viciados o responden a intereses políticos.

Debate sobre una reforma al CPCCS

En este escenario, el exconsejero Gonzalo Albán considera clave la discusión sobre una posible reforma que limite o modifique la facultad del CPCCS para designar autoridades. 

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Sostiene que el Consejo fue un experimento que no logró resolver los problemas para los que fue creado y que las controversias no han permitido despolitizar los procesos de selección. Aunque advierte que devolver estas atribuciones al Parlamento no elimina el problema, cree que al menos transparenta los apoyos políticos.

Para el analista político Giuseppe Cabrera, la sola posibilidad de una reforma no afecta los intereses detrás de las candidaturas al CPCCS. Afirma que, incluso ante un eventual referéndum, los actores políticos no dejarán de impulsar postulaciones mientras el cambio sea solo una opción.

En contraste, Alarcón plantea una salida más radical: la desaparición del CPCCS. Considera que quitar atribuciones no desincentiva las postulaciones y sostiene que ya existen movimientos en redes sociales que promueven candidaturas al organismo, incluso en medio del debate sobre su futuro.

Concurso para fiscal general bajo escrutinio

El último año de funciones de la actual administración coincide con el inicio del concurso para fiscal general del Estado, que se encuentra en la fase de calificación de méritos. Aunque Fantoni ha insistido en que el proceso avanza con transparencia y apego a las normas, organizaciones sociales, la Asamblea Nacional y veedurías ciudadanas han expresado reparos.

La comisión cívica de seguimiento ha señalado que habría postulantes admitidos de forma irregular y cuestionamientos en la calificación de méritos. A ello se suman observaciones del asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana, sobre posibles irregularidades en los documentos de admisión de Cynthia Jacho a la Comisión Ciudadana de Selección.

Así, el proceso electoral de 2026 se perfila como una prueba clave para el futuro del CPCCS, en medio de debates sobre su legitimidad, reformas estructurales y el rol que debe cumplir en el sistema institucional del país.