Dictan prisión preventiva contra Guido Perugachi por protestas de 2025

La presidenta de una unidad judicial de Ibarra ordenó prisión preventiva contra Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), en el marco de una investigación relacionada con las movilizaciones ocurridas entre septiembre y octubre de 2025 en la provincia de Imbabura.

La decisión fue adoptada por la jueza Raquel Maza, quien acogió el pedido formulado por la Fiscalía General del Estado durante la audiencia correspondiente. El proceso se centra en una presunta paralización de servicios públicos atribuida a hechos registrados durante las jornadas de protesta que tuvieron lugar el año pasado.

Investigación se sustenta en el artículo 346 del COIP

La Fiscalía procesa al dirigente social con base en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que sanciona a quienes impidan, entorpezcan o paralicen la prestación de un servicio público. De acuerdo con la legislación vigente, este delito contempla penas de entre uno y tres años de prisión.

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La investigación se enfoca en los eventos ocurridos durante las movilizaciones que se desarrollaron en Imbabura entre septiembre y octubre de 2025, una provincia que concentró parte de las protestas registradas durante ese periodo.

Reacciones desde organizaciones sociales

Tras conocerse la resolución judicial, la Unión Nacional de Educadores (UNE) expresó su rechazo a la medida mediante un comunicado público. La organización cuestionó la decisión y sostuvo que esta carecería de independencia e imparcialidad.

Además, la UNE señaló que el proceso contra Perugachi evidenciaría una "supuesta criminalización de dirigentes sociales críticos al Gobierno del presidente Daniel Noboa". En su pronunciamiento, también convocó a distintos sectores sociales y populares a mantenerse vigilantes frente a lo que considera una política de carácter autoritario.

Sin pronunciamiento del dirigente

Hasta la publicación de la nota, no existía alguna reacción oficial de Guido Perugachi respecto a la disposición judicial ni sobre los señalamientos formulados por la Fiscalía.

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La resolución se produce en medio de un debate sobre el tratamiento judicial de las protestas sociales y el alcance de las responsabilidades penales derivadas de movilizaciones que afectan la prestación de servicios públicos