El Consejo de la Judicatura plantea exjueces chuecos para enderezar jueces probos

El país no ha terminado de asimilar las implicaciones de la amenaza de John Reimberg a los jueces: “O se enderezan y se corrigen -dijo- o van a terminar presos”. Pronunciadas la semana pasada en radio Centro, donde los altos funcionarios del régimen pueden hacer ostentación de su despotismo sin consecuencia alguna porque a sus complacientes entrevistadores les parece de lo más normal, estas palabras preludiaban una arremetida contra la independencia del sistema judicial que se ha venido ejecutando de manera inflexible. A los allanamientos de tres jueces de la Corte Nacional (una demostración de fuerza más que un procedimiento fiscal eficaz con fines judiciales), se sumó casi enseguida la inminente sanción a tres jueces de la unidad anticorrupción (la élite del sistema) que fallaron en contra de los intereses del gobierno en uno de los casos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y dos días después, la destitución de la jueza de Cañar que declaró ilegal (porque lo era) la detención de cinco personas acusadas de agredir a la caravana presidencial el año pasado. Escarmientos para impartir disciplina en un contexto extraordinario: la emergencia que permitirá al Consejo de la Judicatura, presidido por una usurpadora, nombrar con régimen expedito a más de 700 jueces que se estrenarán en la carrera judicial sabiendo exactamente lo que se espera de ellos.

Que un simple ministro de Policía (un tipo de chaleco de camuflaje y casco) se atribuya la facultad de disciplinar a los jueces de la Corte Nacional, servidores de un rango astronómicamente superior al suyo, es una muestra de las aberraciones de las que son capaces los funcionarios de aquello que el expresidente Osvaldo Hurtado llamó criptodictadura. Es imposible encontrar casos comparables en democracias reales. Para ello, habrá que rastrear más bien entre los regímenes nefastos del continente. Un Diosdado Cabello, por ejemplo, es equiparable al tipo de figura que intenta representar chapuceramente Reimberg.

Presión del gobierno sobre la Corte Constitucional y jueces

En su arremetida contra los jueces, el ministro del Interior sigue la penosa línea ya marcada por otros altos representantes de este gobierno: el expresidente de la Asamblea, Niels Olsen, y la exministra de Gobierno Zaida Rovira, rodeados de soldados que empuñaban sus carabinas, lanzando advertencias contra la Corte Constitucional; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, igualmente en medio de militares de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, amenazando a la jueza que declaró la desaparición forzada de los cuatro niños del barrio popular de Las Malvinas a quienes sus soldados secuestraron, torturaron y abandonaron a merced de sus asesinos en diciembre de 2024: una escena que recordaba la alocución de Pinochet tras el golpe de Estado. Sólo le faltaron las gafas a Loffredo.

“O se enderezan y se corrigen o van a terminar presos”: lo dijo el ministro a propósito de los allanamientos a los jueces de la Corte Nacional en el marco de una supuesta investigación por cohecho. La frase es una declaración de principios sobre el tipo de jueces que requiere el gobierno. Porque ¿en qué consiste enderezarse y corregirse? Fue el penalista Pablo Encalada, en una entrevista concedida a Politizados (el podcast de análisis político de este Diario), quien señaló la disparatada paradoja: si un juez está torcido (condición previa necesaria para “enderezarse”), es decir, si recibe sobornos para dictar sus sentencias, que en eso consiste el cohecho, “ese ese juez tiene que ir preso -dice Encalada-, no le das chance de enderezarse”. Pero el gobierno no busca jueces probos sino jueces fieles.

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Es significativo el hecho de que precisamente aquellos a quienes está sometiendo a su acción disciplinaria (los tres allanados de la Corte Nacional más los tres procesados de la unidad judicial anticorrupción) son jueces con un altísimo nivel de reconocimiento de sus pares y de la comunidad jurídica en general. Los abogados más prestigiosos del país que se han pronunciado en estos días ponen las manos al fuego por la probidad notoria de esos jueces. Queda la sensación de que están siendo perseguidos precisamente por el delito de ser honestos y, por tanto, el régimen no los puede manipular.

Casos polémicos en la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura

Milton Velasco, Iván Larco y Patricio Secaira dictaron en diciembre de 2023 una sentencia de casación que no le gustó al gobierno. A la compañía China Railway, el ministerio de Educación le había suspendido unilateralmente un contrato firmado durante el correísmo para la construcción de escuelas del Milenio. La empresa demandó y el Tribunal de lo Contencioso Administrativa le concedió una indemnización por 67 millones. Apeló la decisión el ministerio y los tres jueces que conocieron la casación rebajaron en 8 millones el monto de la indemnización. Pero la mantuvieron. En esa sentencia se origina la investigación de cohecho que, al parecer, no ha conducido a nada en dos años, de lo contrario no saldrían con la ocurrencia de allanarles a estas alturas del partido. De lo que se sabe, en esos allanamientos no encontraron nada, y era obvio: esas diligencias se practican en los primeros días de la investigación o se renuncia a ellas. En este caso, ejecutaron los allanamientos no para obtener evidencias sino para mandar un mensaje político a los jueces. Con éxito: todos tomaron nota.

Silvia Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, jueces de la unidad anticorrupción, resolvieron otro recurso de apelación: el que presentaron Aquiles Álvarez y sus hermanos, entre otros procesados, contra la decisión de imponerles prisión preventiva en un caso de crimen organizado que la Fiscalía, aficionada a los logotipos y a los nombres comerciales, llamó caso Goleada. El tribunal aplicó el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal que manda evaluar la prisión preventiva en función de tres criterios: si la Fiscalía ha presentado los elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito; si esos elementos de convicción apuntan claramente a la participación del procesado en el delito que se le imputa; si las medidas sustitutivas de la prisión preventiva son insuficientes para garantizar la presencia del acusado en el juicio, en otras palabras: si existe riesgo de fuga.

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Velasco, Uzcátegui y Chóez levantaron la prisión preventiva por no cumplir con el primer criterio: no había elementos de convicción sobre la existencia del delito, que en ese momento era delincuencia organizada. Y tenían razón: tanta, que la misma Fiscalía, después de esa sentencia, decidió cambiar el tipo penal por lavado de activos. Sin embargo, el fiscal Carlos Alarcón llevó el asunto a la Corte Nacional, donde se decidió que Velasco, Uzcátegui y Chóez se excedieron en sus atribuciones al meterse a analizar si la Fiscalía presentó los elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito, es decir, justo lo que la ley les manda a hacer. Una decisión insólita. En consecuencia, el tribunal de la Corte Nacional determinó que los tres jueces de la Unidad Anticorrupción incurrieron en error inexcusable y el Consejo de la Judicatura los suspendió por 90 días hasta decidir su sanción definitiva, que no puede ser otra que la destitución.

Y aquí viene lo peor (es un decir: aquí todo es peor). Sucede que hubo un juez de la Corte Nacional, uno de tres, que no estuvo de acuerdo con esta resolución. Presentó un voto salvado en el que rechaza la calificación disciplinaria y concluye diciendo que “no existe error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia”. Se trata del juez Javier de la Cadena, que hoy sufre las consecuencias de su atrevimiento: el Consejo de la Judicatura lo removió de la Corte Nacional y lo mandó de vuelta a la Corte Provincial de Imbabura, que es de donde venía, contradiciendo sus mismos criterios de emergencia según los cuales los puestos vacantes de la Corte Nacional deberían llenarse con jueces ascendidos de las cortes provinciales, no al revés. Pero es claro que en el plan oficial de “enderezar” y “corregir” a los jueces, el Consejo de la Judicatura es un operador político oficioso. Por algo pusieron a Mercedes Caicedo a usurpar la presidencia de ese organismo, que le correspondía legalmente a Alexandra Villacís. En esa conspiración participaron el presidente de la Corte Nacional, Marco Rodríguez; el del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni; el exministro de Trabajo, Harold Burbano, y los propios integrantes de la Judicatura, liderados por Fabián Fabara.

Jueces temporales con un procedimiento expedito

Que Fabara se haya convertido en uno de los funcionarios encargados de “enderezar” y “corregir” a los jueces es un hecho que repugna a la conciencia de cualquier persona honesta. Cuando fue presidente de la Corte Provincial de Pichincha se le abrió un proceso disciplinario por negligencia manifiesta en un caso de violencia sexual, nada menos, con pedido de destitución inmediata que el Consejo de la Judicatura de Mario Godoy, abogado de narcotraficantes, dejó dormir en un cajón hasta que prescribió. Fabara mintió en su aplicación oficial para convertirse en vocal de la Judicatura: dijo bajo juramente que no tenía ningún proceso disciplinario abierto. Compañía ideal para una presidenta usurpadora de su cargo. Juntos se aprestan a nombrar más de 700 jueces temporales con un procedimiento especial y expedito. Jueces que vendrán enderezados y corregidos, sin duda, pero que en todo caso serán fácilmente removibles si resultaran con algún defecto de fábrica.