Congresistas de EE.UU. exigen suspender operaciones militares en Ecuador por denuncias de abusos

Washington volvió a poner la mirada sobre Ecuador. Un grupo de congresistas de Estados Unidos envió una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para exigir la suspensión inmediata de operaciones militares conjuntas ejecutadas en territorio ecuatoriano. El documento sostiene que existen denuncias graves de violaciones a los derechos humanos y cuestiona la legalidad de la participación militar estadounidense.

La carta señala que las acciones militares comenzaron a inicios de marzo en la frontera entre Ecuador y Colombia, una zona considerada altamente sensible por el riesgo de expansión del conflicto armado regional. Los legisladores sostienen que el Congreso estadounidense no autorizó formalmente estas operaciones y reclaman información detallada sobre el alcance real de la intervención.

“El alcance de la participación militar de los Estados Unidos en Ecuador sigue sin estar claro, tanto para el Congreso como para el público estadounidense”, indica el documento enviado al Departamento de Defensa. La misiva también solicita explicaciones sobre la base legal utilizada por la administración estadounidense para intervenir en territorio ecuatoriano.

Operaciones militares en Ecuador generan tensión regional

El documento recuerda que el Comando Sur anunció operaciones contra supuestas organizaciones narcoterroristas en Ecuador. Sin embargo, la carta asegura que posteriores revelaciones periodísticas y testimonios locales contradicen la narrativa oficial sobre algunos de los objetivos atacados durante los bombardeos.

Según la investigación citada por los congresistas, uno de los lugares bombardeados habría sido una granja lechera y ganadera sin vínculos comprobados con grupos armados ni redes de narcotráfico. Testigos aseguraron que militares ecuatorianos ingresaron previamente al sitio, interrogaron a civiles y destruyeron viviendas e infraestructura antes del ataque aéreo.

“Los detenidos fueron sometidos a tortura antes de que el sitio fuera bombardeado”, advierte la carta al citar testimonios recogidos durante las investigaciones periodísticas. Los legisladores afirman que estos hechos elevan las preocupaciones sobre posibles crímenes y abusos cometidos durante las operaciones conjuntas.

La carta también advierte que las acciones militares incrementaron la tensión diplomática entre Ecuador y Colombia. Los congresistas recordaron que el hallazgo de una bomba ecuatoriana sin explotar en territorio colombiano provocó una crisis entre ambos gobiernos durante marzo.

Además, funcionarios estadounidenses habrían reconocido públicamente un nivel importante de participación militar en Ecuador. El subsecretario interino de Defensa para Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph Humire, declaró ante el Congreso que la llamada “Operación Exterminio Total” representó el inicio de una ofensiva conjunta con apoyo de Estados Unidos.

“El Departamento de Guerra apoyó, a petición de Ecuador, acciones cinéticas bilaterales contra objetivos de cárteles”, declaró Humire durante una comparecencia citada en la carta. Para los legisladores, estas declaraciones confirmarían una participación más amplia de Washington en el conflicto ecuatoriano.

Denuncias contra Daniel Noboa y advertencia por derechos humanos

Los congresistas también expresaron preocupación por el rumbo político del gobierno de Daniel Noboa. La carta sostiene que la administración ecuatoriana atraviesa una “deriva autoritaria” marcada por medidas contra opositores, organizaciones civiles y sectores indígenas.

El documento menciona la disolución de partidos políticos, el congelamiento de cuentas bancarias de organizaciones sociales y el arresto del alcalde de Guayaquil. Los legisladores consideran que estas decisiones han generado cuestionamientos sobre la independencia institucional y el respeto a las garantías democráticas en Ecuador.

“A lo largo de su mandato, el presidente Daniel Noboa ha supervisado la violenta represión de protestas lideradas por indígenas”, señala el texto remitido al Pentágono. La carta también menciona informes internacionales que alertan sobre amenazas al sistema judicial y restricciones a organizaciones civiles.

Los legisladores sostienen que la estrategia militar impulsada por el Gobierno ecuatoriano no ha logrado reducir el tráfico de drogas ni la violencia criminal. Por el contrario, recuerdan que Ecuador registró recientemente una de las tasas de homicidios más altas de su historia reciente.

EE.UU. pide información detallada sobre intervención militar

El documento concluye con una exigencia directa al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los congresistas solicitaron un informe completo sobre toda participación estadounidense, directa o indirecta, en las operaciones ejecutadas el 3 y 6 de marzo en Ecuador.

También pidieron acceso a órdenes operativas, intercambio de inteligencia, procesos de planificación y cualquier coordinación militar mantenida con las fuerzas ecuatorianas. La solicitud busca determinar si existieron responsabilidades compartidas en posibles violaciones a los derechos humanos.

“Si las fuerzas estadounidenses proporcionan asistencia a unidades implicadas en tortura o ejecuciones extrajudiciales, esto constituiría una violación de las Leyes Leahy”, advierte la carta. El documento insiste en que las acusaciones deben ser investigadas de forma independiente y transparente.

La presión política desde Washington abre un nuevo capítulo en el debate internacional sobre la estrategia de seguridad aplicada en Ecuador. Mientras aumentan los cuestionamientos sobre las operaciones militares, el caso comienza a escalar más allá de la región y podría generar repercusiones diplomáticas entre varios países.