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Diario Expreso Ecuador

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Comisión del concurso para fiscal general opera incompleta y bajo cuestionamientos

Veedores ciudadanos se han pronunciado en contra de participación de quienes fueron funcionarios de Gobierno; aún no llega el delegado de la Corte

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado.ARCHIVO/CPCCS

Rosero Mariela
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El jueves 23 de abril de 2026 se reinstaló la sesión 009 de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Dos días antes había comenzado la fase de calificación de méritos de los 28 postulantes que continúan en el proceso.

Sin embargo, el concurso avanza con vacíos en su propia estructura. Aún no se califica a quienes deben reemplazar a Natalia de Jesús Guarnizo Condolo, quien renunció el 23 de febrero a su cargo como comisionada principal. 

El 4 de marzo se dispuso la principalización de Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés como delegado de la Corte Nacional de Justicia, pero su incorporación efectiva sigue pendiente.

Asimismo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, remitió el 19 de marzo los nombres de sus nuevos delegados —Eliana Jaramillo Loayza y Luis Flores García—, sin que hasta la fecha el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) haya concluido su calificación.

El proceso también enfrenta cuestionamientos desde la veeduría ciudadana. Guido Egas, coordinador, denunció presuntas amenazas por parte de David Flores Brandt, vicepresidente de la Comisión y delegado de la Función Ejecutiva. Flores Brandt, además, fue designado por sorteo para calificar los méritos del exministro y postulante José De La Gasca.

Renuncias de veedores

Las tensiones y los desacuerdos en torno a la transparencia del concurso para la selección del Fiscal han impactado directamente en la veeduría. 

El 2 de abril de 2026 renunciaron su coordinador, la subcoordinadora y siete integrantes adicionales. Días después también dimitió el secretario, Julio Aguilar, lo que profundiza la inestabilidad en uno de los mecanismos clave de control del concurso.

Contexto sobre candidatos

El Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), que dirige la abogada María Dolores Miño, presentó un informe. Analizó los perfiles de los 75 postulantes. 

  • Si bien el 98% de los aspirantes cumple con el requisito legal de contar con al menos 10 años de ejercicio profesional, solo el 61% acreditado experiencia específica y verificable en materia penal.
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