Investigación
Caso Progen: Las salidas legales que le quedan a los técnicos de Celec enviados a prisión
El conjuez Marco Vinicio Rodríguez Mongón ordenó que sean encarcelados Antonio Gonçalves, Fabián Calero, 15 técnicos de Celec y una accionista de Astrobryxa
Juez dictó prisión preventiva en mayo 2026 en Quito a técnicos Celec por presunto peculado en contratos Progen
Las claves del caso
- Juez dictó prisión preventiva en mayo 2026 en Quito a técnicos Celec por presunto peculado en contratos Progen
- Defensas de técnicos Celec podrían apelar la decisión para revertir prisión al cuestionar acusación fiscal
- Técnicos Celec pueden usar hábeas corpus en 2026 en Ecuador para recuperar libertad por detención
El 22 de mayo de 2026, un juez de la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva contra 19 de los 21 investigados por presunto peculado en los contratos de generación eléctrica firmados con la empresa estadounidense Progen.
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Entre los procesados hay exautoridades, empresarios y, principalmente, funcionarios técnicos de Celec, quienes participaron en fases como evaluación de ofertas, inspecciones y supervisión de contratos.
La Fiscalía sostiene que en la contratación de emergencia —realizada durante la crisis energética de 2024— se habrían omitido procedimientos legales y se habría generado un perjuicio al Estado superior a $100 millones, debido a equipos que no entraron en operación.
Sin embargo, varios de los técnicos procesados han cuestionado la medida. En pronunciamientos públicos, aseguran que su rol fue exclusivamente técnico y que no tomaron decisiones sobre adjudicación de contratos ni manejo de recursos.
Prisión preventiva: una medida controversial
En el sistema penal ecuatoriano, la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, que debe justificarse por riesgos como fuga o destrucción de evidencia.
En este caso, el juez consideró que dichos riesgos estaban presentes, pese a que las defensas solicitaron medidas alternativas como presentación periódica o uso de grillete electrónico.
La decisión ha generado cuestionamientos, especialmente porque algunos de los técnicos encarcelados como Nelson Castro, Celso Sánchez y Paúl Flores habían advertido previamente posibles fallas en los equipos contratados.
La contratación de Progen para generación eléctrica de emergencia es investigada por presunto peculado dentro del denominado caso Apagón.
Las salidas legales disponibles
En este escenario, los técnicos de Celec y sus defensas cuentan con varias vías legales:
1. Apelación de la prisión preventiva
La primera opción es interponer un recurso de apelación para que un tribunal superior revise la decisión del juez. Este mecanismo permite cuestionar la motivación de la medida y su proporcionalidad dentro del proceso penal.
2. Revisión o sustitución de la medida
Durante la instrucción fiscal, la defensa puede solicitar al juez la revisión de la prisión preventiva y plantear su sustitución por medidas menos fuertes, como arresto domiciliario, presentación periódica o prohibición de salida del país.
3. Acción de hábeas corpus
Otra vía es la presentación de un hábeas corpus, una garantía constitucional destinada a proteger la libertad personal frente a detenciones ilegales o arbitrarias.
Esta acción puede activarse si se considera que la prisión preventiva carece de fundamentos legales, vulnera derechos o se prolonga más allá de los plazos establecidos.
4. Control de la duración de la medida
La Constitución establece límites temporales para la prisión preventiva. Si estos se superan sin que exista una resolución judicial, la defensa puede solicitar su caducidad y exigir la liberación del procesado.
5. Etapas posteriores del proceso
Más allá de las medidas cautelares, los técnicos podrán ejercer su defensa en la fase investigativa, la etapa intermedia y un eventual juicio, donde se determinará si existen pruebas suficientes para sostener la acusación de peculado.
Los técnicos se pronuncian
Javier Lasluiza Navarrete, Romel Patricio Llumiquinga Llumiquinga, Marcos Vinicio Poma Jumbo y Marco Antonio Chicaiza Santos afirman que la Fiscalía elaboró una teoría penal que, a su criterio, mezcla de manera indebida responsabilidades administrativas, financieras y contractuales que no les competían dentro del proceso investigado.
En un documento 'publicado el fin de semana, los acusados sostienen que durante la audiencia de formulación de cargos no se evidenció de qué forma su actuación se ajustaría al delito de peculado ni por qué podrían ser considerados autores directos.
Asimismo, aseguran que la acusación se basa en “planteamientos generales y amplios” que, según indican, desconocen el rol y funcionamiento de una comisión de estudio de mercado dentro de los procesos de contratación pública.
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