El alcalde Cristian Zamora está a punto de ser el próximo proscrito para las elecciones seccionales

Aunque todavía no existe una sentencia de segunda y definitiva instancia, lo cierto es que el camino para sacar al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, del proceso electoral para autoridades locales de noviembre está expedito. Zamora fue condenado en primera instancia por el Tribunal Contencioso Electoral a seis meses de inhabilitación política (lo que lo dejaría fuera de las elecciones de noviembre) y al pago de una multa de 12.050 dólares.

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La condena se debe a una denuncia por violencia política de género presentada en su contra por la concejala Diana González, quien ha sido una de sus más fuertes críticas. En efecto, las posibilidades de que la sentencia sea ratificada por el pleno del TCE son altas, pues es de conocimiento público (porque hay cosas impresentables que ya son asumidas como normales en el país) que ese organismo está cooptado y movido por operadores del Ejecutivo, y que la inhabilitación de Zamora forma parte de un plan del gobierno para eliminar competidores en los comicios de noviembre.

Los casos más visibles son el del propio Zamora y el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a quien la justicia, asimismo cooptada por el gobierno, mantiene con orden de prisión preventiva, por lo que está (ilegalmente, porque no es un delincuente peligroso) en una cárcel de alta seguridad.

En esa línea también están las cuestionadas sanciones por infracciones electorales impuestas a organizaciones políticas que podrían ser competidoras del gobierno, como Construye o Unidad Popular. Y qué decir de la Revolución Ciudadana, el partido del correísmo, que fue borrado del mapa asimismo por una infracción electoral (cuentas supuestamente mal llevadas) y que ha obligado a sus cuadros a buscar el auspicio de otras organizaciones políticas.

Lo de Zamora es el ejemplo perfecto de una operación destinada a lograr que figuras con posibilidades electorales sean sancionadas o renuncien a sus aspiraciones debido a las presiones que enfrentan. Zamora es un fuerte candidato a la reelección, pues desde que asumió la defensa del agua de Cuenca frente a la presencia de mineras en el páramo ha llegado a registrar niveles de aprobación de hasta el 80 %.

También está el caso de Aquiles Álvarez, quien, independientemente de que sea o no un traficante de combustibles, se había convertido en una figura con significativa proyección electoral.

En esa misma línea se encuentra el caso de Marcela Aguiñaga, quien renunció a la Prefectura del Guayas y a cualquier aspiración electoral, a pesar de que también tenía una proyección nacional como ninguna otra figura vinculada al correísmo. ¿Por qué Aguiñaga decidió borrarse del mapa electoral? Ella dijo que se marchaba por la enfermedad de su esposo y de un familiar muy cercano, pero esa explicación no ha podido ser verificada por nadie. La única explicación que queda, y que nadie ha negado (ni siquiera ella misma), es que hubo presiones (¿amenazas?) de operadores del Ejecutivo.

Al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien actualmente lidera las encuestas y a quien el gobierno no quiere ver nuevamente en la Alcaldía, también le han aparecido denuncias por peculado, a propósito de la compra de trolebuses con supuesto sobreprecio.

La figura de la violencia política de género

Lo de Zamora, más allá de que haya sido un buen o mal alcalde, es un caso notable. Ha sido sancionado por un juez del TCE por hechos que supuestamente configuran la muy sui géneris infracción de violencia política de género.

La concejala Diana González lo acusó por hechos ocurridos entre enero y febrero de 2026, que incluyeron publicaciones en redes sociales y declaraciones en entrevistas digitales dirigidas contra ella. Lo acusó de haberse referido a ella como “fulana” y de haber difundido contenidos en redes que, según el juez Joaquín Viteri, buscaban desacreditar su imagen pública y menoscabar su labor de fiscalización dentro del Municipio de Cuenca.

El fallo concluye que las actuaciones denunciadas constituyeron violencia política de género tipificada en el artículo 280 del Código de la Democracia. El artículo señala que la “violencia política de género es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos”.

La parte más relevante para casos como el de Cristian Zamora es el numeral 3 del mismo artículo, que considera violencia política de género que se “realice cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y/o en el ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos”.

El artículo es el pretexto perfecto para que se sancione a cualquier funcionario o candidato hombre que haya hecho críticas a una funcionaria o candidata mujer, poniendo a los hombres en una condición de especial vulnerabilidad, porque prácticamente no pueden hacer críticas a las mujeres por su gestión pública y, en el mejor de los casos, se abstendrán de hacerlo por precaución.

Esta figura de la violencia política de género, por la que el alcalde de Cuenca está a punto de ser sancionado, ha sido utilizada incluso por mujeres contra mujeres con evidente intencionalidad política. Contra la exvicepresidenta Verónica Abad (vicepresidenta durante el primer mandato de Daniel Noboa) se presentaron denuncias de la canciller Gabriela Sommerfeld y de la asambleísta Diana Jácome. En ambos casos, por interés del gobierno, ya que Abad se había convertido en la principal enemiga política del presidente Noboa.