Acuerdo para actividades escolares los sábados abre debate jurídico en Ecuador

El 27 de mayo de 2026, el Ministerio de Educación expidió el Acuerdo Ministerial 0045-A, que permite la realización de actividades complementarias institucionales los sábados en planteles fiscales. Desde su emisión, la medida ha generado cuestionamientos sobre su alcance jurídico y sobre las eventuales acciones que podrían impulsarse para frenar o revertir su aplicación.

La controversia por el acuerdo ministerial también se trasladó a las calles. El día de ayer, la Unión Nacional de Educadores (UNE) protagonizó una movilización hacia la Corte Constitucional para expresar su rechazo a la normativa y presentar una demanda de inconstitucionalidad. La marcha congregó a cientos de docentes y estuvo liderada por el presidente nacional del gremio, Andrés Quishpe.

Durante la jornada, Quishpe cuestionó la legalidad de la medida y advirtió sobre sus posibles efectos en el sistema educativo. El dirigente sostuvo que el acuerdo es “improvisado e inconstitucional” y aseguró que vulnera derechos de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Ministerio de Educación no respondió los cuestionamientos

Por otro lado, se solicitó una respuesta al Ministerio de Educación para aclarar estas diferencias. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota periodística, la institución no respondió los requerimientos de información.

Gabriela Menéndez adelantó que la UNE acudirá a la Corte Constitucional para impugnar el acuerdo ministerial, al considerar que vulnera la jornada laboral docente establecida en el artículo 192 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). La dirigente señaló que los maestros ya cumplen una carga horaria de 40 horas semanales, por lo que la organización buscará la derogatoria de la medida, “porque ya el magisterio ecuatoriano tiene su jornada laboral, que es de 40 horas semanales, como todo servidor público y como todo trabajador”.

La presidenta de la UNE Guayas advirtió que trasladar actividades institucionales a los sábados supone una carga adicional para los docentes, independientemente de los mecanismos de compensación planteados por el Ministerio. A su criterio, la medida altera la organización laboral prevista en la LOEI y desconoce que la jornada docente ya se encuentra regulada.

UNE cuestiona carácter obligatorio de las actividades

Menéndez también rechazó la explicación ofrecida por las autoridades educativas sobre el carácter voluntario de estas actividades. Afirmó que el texto del acuerdo establece obligaciones para docentes y estudiantes, pese a que públicamente se habló de una participación opcional. 

"La ministra de Educación salió diciendo que era opcional, pero el acuerdo no dice opcional. El acuerdo dice obligatorio".Gabriela Menendez, presidenta de la UNE Guayas.

Por su parte, Nicole Matamoros, exjefa de Asesoría Jurídica del Distrito 09D16, sostuvo que el Acuerdo Ministerial 0045-A no crea nuevas obligaciones laborales para los docentes, sino que establece lineamientos para organizar actividades complementarias dentro del sistema educativo. A su criterio, el principal aspecto que podría fortalecerse es una mayor precisión sobre cómo estas jornadas se integran a la carga horaria ya vigente. “Considero que en el área legal debería ampliarse un poco más el artículo 1, para que se manifieste que esto no va a afectar las 40 horas ya establecidas para los docentes”.

La abogada indicó que la norma contempla mecanismos para evitar una extensión de la jornada laboral, ya que las actividades deberán estar incluidas en una planificación oficial y contar con compensación. Además, recordó que varias de las temáticas contempladas en el acuerdo ya se desarrollan en determinados planteles durante los fines de semana, aunque sin un reconocimiento formal.

Expertos defienden la legalidad del Acuerdo 0045-A

“Este acuerdo manifiesta en su artículo 5 que va a existir una compensación de esta jornada laboral. O sea que no es inconstitucional, dado que no es que por obligación van a asistir y no van a tener una compensación por ello”, dijo.

Respecto a una eventual demanda de inconstitucionalidad, Matamoros consideró que existen pocas posibilidades de que prospere, debido a que no identifica una vulneración de derechos ni contradicciones evidentes con la normativa vigente.

No obstante, indicó que, si una acción es admitida, tanto el Ministerio de Educación como la UNE deberán sustentar sus argumentos ante la justicia constitucional. 

"No existen elementos jurídicos para que la Corte declare inconstitucional la parcialidad o la totalidad del Acuerdo Ministerial 0045-A"Nicole Matamoros, exjefa de asesoría jurídica del distrito de Educación 09D16 

Desafíos para aplicar actividades escolares los sábados

Yadira Blakman, exsubsecretaria de Educación de la Zona 8, consideró que los objetivos planteados en el Acuerdo Ministerial 0045-A son valiosos para fortalecer la formación integral de los estudiantes.

No obstante, considera que su implementación podría realizarse mediante una mejor organización de los espacios educativos ya existentes, evitando alterar las dinámicas familiares y los tiempos de descanso de la comunidad educativa. 

"Lo más importante es garantizar una organización institucional que permita cumplir estos objetivos sin afectar el tiempo de descanso de estudiantes y docentes"Yadira Blakman, exsubsecretaria de Educación de la Zona 8

Desde una perspectiva pedagógica, Blakman advirtió que las jornadas de los sábados podrían generar dificultades logísticas en distintos territorios del país. Factores como la movilidad, las condiciones climáticas, las responsabilidades familiares y las particularidades de cada comunidad podrían influir en la participación efectiva de los diferentes actores de la comunidad educativa. “Uno de los principales desafíos será garantizar la asistencia de estudiantes, docentes y personal administrativo en contextos muy diversos a nivel nacional”.

Para la exfuncionaria, la efectividad de estas actividades deberá medirse por sus resultados concretos en el desarrollo estudiantil y no únicamente por el cumplimiento administrativo. Además, advirtió que la diferencia entre presentar estas jornadas como una alternativa y posteriormente establecerlas como una obligación puede generar confusión dentro de la comunidad educativa.