Universidades en Ecuador: El debate sobre autonomía y mercantilización de títulos

La Comisión de Educación de la Asamblea, según información recogida por medios de comunicación, archivó un proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior, argumentando que no fortalecía la autonomía de las universidades y politécnicas, lo cual es ajeno a la realidad que viven estos centros de educación superior.

Me identifico con la tesis del reconocido escritor argentino Ernesto Sábato, que sostenía que una democracia se sustenta en tres pilares: un gobierno encargado del orden y la seguridad, un sector empresarial proveedor de bienes y servicios, y un sector académico que provee recursos humanos preparados para construir una mejor sociedad y realizar investigación científico-tecnológica que contribuya a la solución de necesidades de la población, investigación que debe ser aplicable a realidades concretas y no repleta de teorías inútiles.

La autonomía se logró tras años de lucha

El respeto a su autonomía fue motivo de una constante lucha de líderes universitarios y politécnicos. Con la ley de 1982 se logró un gran avance con la creación del autónomo Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador (Conuep), integrado por los rectores de universidades y politécnicas públicas y privadas, y delegados nacionales de docentes, estudiantes y funcionarios, presidido por un rector. Este organismo definía, regulaba y coordinaba las políticas de educación superior, sin interferencias de ningún organismo del Estado. En 1996 logran su autonomía financiera con la Ley que creó el Fopedeupo. En la Constitución de 1998 se crea un organismo autónomo evaluador y acreditador integrado por pares académicos de alto nivel.

Con la Ley del año 2000 se elimina el Conuep y se creó el Conesup, presidido por un exrector e integrado con representantes del gobierno, restándoles autonomía. Por la Constitución del 2008 y la Ley del 2010, el gobierno las evalúa y acredita y se crea la Senescyt como organismo gubernamental que define las políticas de educación superior, actualmente adscrita al Ministerio de Educación.

En lo que sí son muy autónomas es en la oferta mercantilizada de títulos de posgrado y grados académicos.