Y los fármacos, ¿para cuándo?

Antes que cualquier discurso sobre eficiencia, modernización o reformas, existe una obligación elemental del Estado: garantizar que un enfermo reciba atención y medicamentos cuando su vida depende de ello. Ecuador está fallando en esa responsabilidad de la manera más cruel.

La realidad en los hospitales públicos y del Seguro Social es devastadora. No hay fármacos, escasean los insumos médicos, las camas y equipos permanecen dañados y el personal sanitario trabaja con las manos atadas. La escena se repite todos los días: familiares reciben pequeños papeles con el nombre de los medicamentos que deben comprar en las farmacias de los alrededores porque las bodegas hospitalarias están vacías. Ni siquiera las áreas de emergencia escapan a esta vergüenza.

Antes de El Niño y sin fármacos

Nadie dentro del sistema desconoce la causa. Administrativos, médicos y enfermeros saben que el problema es la falta de recursos y, sobre todo, la ausencia de voluntad política para colocar la salud donde debe estar: entre las prioridades nacionales. Mientras tanto, las autoridades guardan silencio. ¿Qué ocurrió con las anunciadas negociaciones con la India para garantizar el abastecimiento de medicamentos? ¿Siguen en marcha o fueron archivadas con el cambio de ministro? La ciudadanía merece respuestas.

Lo más grave es que esta crisis ocurre antes de que el país enfrente los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Cuando aumenten los casos de dengue, leptospirosis y otras enfermedades tropicales asociadas a las lluvias, ¿con qué medicamentos responderá el sistema?

Resulta indignante comprobar que, mientras miles de ecuatorianos esperan una medicina que nunca llega, buena parte de la energía del poder parece concentrarse en disputas políticas, cálculos electorales y estrategias para neutralizar adversarios.

Un país que obliga a sus ciudadanos a comprar en la calle los medicamentos que debería entregar gratuitamente renuncia a uno de los principios básicos de un Estado digno. La salud no puede seguir subordinada a la improvisación, la burocracia o las pugnas de poder. Cada día de inacción tiene un costo que no se mide en cifras presupuestarias, sino en vidas humanas. Y esa es una responsabilidad que ningún gobierno podrá eludir.