Las mafias ya no son bandas: así construyeron una red de hasta 80.000 integrantes en Ecuador

Durante años, las organizaciones criminales dejaron de ser pequeñas bandas dedicadas al robo o al microtráfico y se convirtieron en redes capaces de controlar barrios, cárceles, rutas marítimas y actividades económicas. Ecuador enfrenta ahora una estructura que, según datos analizados durante el debate de la Ley Antimafias, tendría entre 41.000 y 80.000 integrantes armados.

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La primera cifra corresponde a una identificación realizada por el Ministerio del Interior hasta 2025. La segunda es una proyección gubernamental sobre la expansión de los grupos en zonas urbanas y rurales. 

En el extremo más conservador, el número de integrantes supera los aproximadamente 36.000 miembros de las Fuerzas Armadas y se acerca a los 57.000 servidores policiales. Pero el tamaño de las bandas explica solo una parte del fenómeno.

La economía paralela detrás de las estructuras criminales

Detrás de los hombres armados existe una red que recluta, transporta drogas, lava dinero, infiltra instituciones, vende información, almacena armas y administra territorios. Es una economía paralela que genera ganancias para unos y pérdidas para millones.

Ese crecimiento no ocurrió de la noche a la mañana. Ecuador pasó de ser un territorio de tránsito a convertirse en un eslabón estratégico de la cadena internacional de cocaína. Sus puertos, carreteras, fronteras y sistema financiero fueron aprovechados por organizaciones ecuatorianas que establecieron alianzas con el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, redes balcánicas y la ‘Ndrangheta italiana.

De bandas locales a aliados de carteles internacionales

Las bandas locales aportaron conocimiento territorial, contactos y capacidad logística. A cambio recibieron armas, dinero y participación en cargamentos.

Las cárceles funcionaron como centros de coordinación y reclutamiento. Tras el asesinato de cabecillas y la ruptura de alianzas, las organizaciones se fragmentaron y comenzaron a disputar rutas, prisiones y barrios. En 2024, el Estado identificó 22 grupos como organizaciones terroristas.

No obstante, con el monitoreo de incidentes difundidos se llegó a mencionar a 48 estructuras entre enero de 2025 y marzo de 2026. Los Lobos y su principal brazo armado tendrían unos 11.000 miembros, mientras que Los Choneros y sus aliados sumarían alrededor de 12.000.

Las razones detrás de la expansión criminal

Para Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, la expansión fue favorecida por la falta de planificación y el debilitamiento institucional.

“No tuvimos estadistas o gobernantes que nos pudieran decir qué iba a suceder. Se fueron haciendo gobiernos y, de una u otra manera, fue creciendo la delincuencia”, lamenta.

Bravo sostiene que la eliminación del antiguo sistema de seguridad nacional durante el gobierno de Rafael Correa debilitó la capacidad de anticipación estatal. A ello añade el incremento de los cultivos de coca en los países vecinos y la diversificación de actividades como minería ilegal, tráfico de personas y contrabando.

La fragmentación multiplicó los grupos

La captura de líderes tampoco desarticuló siempre las redes. En algunos casos abrió espacio para nuevos mandos. “Cuando se captura a los líderes, en lugar de tener cuatro cabezas y 22 grupos, ahora tenemos cerca de 48”.

Su estimación va más allá de los integrantes armados. Si se suman colaboradores, proveedores, informantes y personas que reciben ingresos de las economías ilícitas, la red podría involucrar directa o indirectamente a unas 250.000 personas, calcula Bravo. Esta última cifra corresponde a una apreciación del experto y no a un registro oficial.

El costo económico del crimen organizado

La Academia de Ciencias Policiales calcula que la violencia y las economías criminales ocasionan pérdidas de entre 10.000 millones y 12.000 millones de dólares al año, alrededor del 10 % del producto interno bruto. La proporción supera ampliamente el impacto regional del crimen organizado estimado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El perjuicio no se limita a mercancías robadas. Incluye empresas cerradas, inversiones aplazadas, gastos en seguridad, caída de ventas, extorsiones, daños a infraestructura, menor recaudación tributaria y restricciones de movilidad.

¿Cómo afecta la inseguridad a negocios y consumidores?

Cada negocio que modifica su horario, instala cámaras, contrata guardias o paga una ‘vacuna’ incorpora un costo que puede terminar trasladado al consumidor.

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Christian Idrovo, analista económico, describe el impacto como “directo y asimétrico”. El pequeño comerciante y el trabajador informal tienen menos margen para absorber una caída de ingresos.

“La demanda se contrae por la incertidumbre. Las personas comienzan a limitar sus salidas y consumos, y en ocasiones readecúan su presupuesto”.

Idrovo añade que las restricciones de movilidad ralentizan la actividad económica, especialmente en un país donde cerca de la mitad de la población trabaja informalmente. La afectación puede ser mayor cuando las medidas de seguridad coinciden con los meses de mayor movimiento comercial.

Minería ilegal, contrabando y lavado de dinero

Las pérdidas también provienen de mercados específicos. La minería ilegal movería cerca de $1.300 millones al año. En 2025, la UAFE detectó operaciones sospechosas por más de $1.200 millones. El contrabando desviaría más de $500 millones anuales. Y el robo de hidrocarburos ocasionó alrededor de $166 millones en pérdidas durante el último año analizado.

“La Ley Antimafias busca atacar el patrimonio, la logística y la liquidez de las estructuras. Entre sus propuestas constan sancionar la pertenencia a organizaciones criminales, elevar las penas por delincuencia organizada y facilitar la incautación y venta anticipada de bienes”, analiza Gabriel Prada, experto en crimen organizado.