Democracias deben tomar en serio la política industrial
Las democracias no pueden limitarse a arbitrar los mercados: para competir por las industrias del futuro, deben recuperar un papel estratégico en la economía.
El costo de la inacción: la falta de una política industrial estratégica deja a la economía expuesta al estancamiento y la obsolescencia.
Muchos líderes democráticos crecieron bajo la idea de que el Gobierno debía limitarse a arbitrar los mercados y dejar que las empresas compitieran. Pero los países que mantienen esa visión pierden terreno frente a aquellos donde el Estado desempeña un papel económico estratégico.
Europa pierde miles de empleos cada mes mientras las empresas chinas avanzan en vehículos eléctricos, paneles solares, energía eólica, farmacéutica, biotecnología e inteligencia artificial. China no está sola: cada vez más países utilizan subsidios, incentivos a la innovación, proteccionismo y políticas financieras para fortalecer su competitividad.
La democracia también necesita bienestar
Los ciudadanos exigen respuestas. El último Índice de Percepción de la Democracia, basado en 94.146 personas de 98 países, mostró que la mayoría considera que mejorar el nivel de vida y el bienestar es el principal objetivo de la democracia. Para cumplir esa expectativa, las democracias deben recuperar la política industrial: la intervención estatal destinada a impulsar determinados sectores o tecnologías mediante incentivos fiscales, aranceles, subsidios, formación, infraestructura e inversión en I+D.
China, Singapur, Japón, Taiwán y Corea del Sur son ejemplos actuales. Pero también existen precedentes occidentales. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia utilizó planes nacionales para orientar la inversión hacia sectores prioritarios y Finlandia canalizó capital hacia industrias exportadoras. Estas políticas contribuyeron a su transformación económica.
En los años ochenta, Occidente abandonó en gran medida la política industrial, convencido de que la intervención estatal era perjudicial. Se redujo la inversión en I+D y se desmantelaron instituciones de planificación y financiación. Durante décadas, el debate se centró principalmente en sus fracasos.
Ese consenso está cambiando. El Banco Mundial, tras estudiar los planes de desarrollo de 183 países, concluyó que todos han aplicado algún tipo de política industrial. Su economista jefe, Indermit Gill, admitió que su antigua oposición “no ha envejecido bien”. Investigaciones recientes también vinculan estas políticas con el crecimiento industrial de Italia y la modernización manufacturera de Corea del Sur.
El reto es diseñar políticas que impulsen nuevas industrias sin convertirse en mecanismos para proteger empresas, regiones o intereses políticos. Los funcionarios deben conocer de cerca las necesidades empresariales, pero mantener suficiente independencia frente al cabildeo y la captura regulatoria. Eso exige capacitación y conocimiento especializado.
El desafío de intervenir sin proteger intereses
Las democracias no necesitan copiar el modelo chino. Pueden aplicar medidas específicas: Rumanía impulsó su sector tecnológico mediante incentivos fiscales a ingenieros informáticos y Brasil orientó la investigación científica hacia sus cultivos y condiciones ecológicas.
La democracia tampoco es incompatible con el éxito económico: más de 40 de los 50 países más ricos son democráticos, mientras que solo 12 de los 50 más pobres son democracias plenas o imperfectas. Pero no hay lugar para la complacencia. Para competir por las industrias del futuro, las democracias deben replantearse el papel del Estado e invertir en las instituciones, conocimientos y disciplina necesarios para aplicar una política industrial eficaz.
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