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Diario Expreso Ecuador

Penas para falsedades

Valdría incluir en el proyecto de reforma penal aumento de sanciones para empleados públicos que incriminen falsamente a personas por lavado de activos

La reforma penal de ADN busca frenar a las estructuras delictivas. Sin embargo, queda en el aire el castigo a los funcionarios que inventan delitos.

La reforma penal de ADN busca frenar a las estructuras delictivas. Sin embargo, queda en el aire el castigo a los funcionarios que inventan delitos.Canva

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Con proyecto de ley presentado el pasado 3 de junio, el asambleísta Alex Morán (ADN, Guayas) planteó aumentar las penas para los delitos de falsedad de documentos. Entre su motivos puede leerse dos dignos de mención. El primero, que tales falsedades “no se limitan únicamente a fraudes individuales, sino que han sido utilizadas por estructuras delictivas para múltiples fines, entre ellos: obtención fraudulenta de identidades o nacionalidades; manipulación de registros públicos o administrativos; obtención irregular de licencias o autorizaciones estatales; o encubrimiento de actividades delictivas”. El segundo, que “la falsificación documental genera distorsiones en el acceso a derechos, servicios y beneficios estatales, afecta la competencia en actividades reguladas y debilita la confianza ciudadana en las instituciones públicas”. Cierra el planteamiento agregando que el “fortalecimiento sancionatorio contribuye a la prevención del fraude, la corrupción y la actuación de estructuras delictivas”.

Penas de hasta trece años para falsedades sobre documentos

No soy penalista y menos criminólogo, de manera que no tengo elementos de juicio suficientes para opinar si un aumento de penas es en verdad disuasivo. Pero lo que me parece más importante del proyecto es que plantea tipificar expresamente, con penas de hasta trece años, a falsedades sobre documentos destinados a acreditar nacionalidad, identidad o estado civil; o a las que recaigan sobre documentos cuya finalidad sea habilitar actividades sujetas a control estatal; o a las que se cometen para obtener, mantener o modificar un beneficio, contrato, pago, exoneración, incentivo o habilitación ante entidades del Estado.

Y ya que estamos ante esto de aumentar penas a las falsedades, valdría la pena analizar también si se aumenta la actual prisión de tres años para el empleado público “que realice acciones tendientes a incriminar falsamente a una o más personas en la comisión del delito de lavado de activos”. Siguiendo la tesis disuasiva, tal vez eso pudiera poner coto a atropellos que hoy se comete a diario, con burdos inventos cubiertos de melifluas palabras.

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