El oro ilegal no se detiene con soldados

En 2026, Ecuador continúa sumido en una espiral de violencia. Hasta el 20 de septiembre, el país registraba un promedio de 23 muertes violentas al día. La Amazonía no es ajena a las dinámicas criminales que afectan a las provincias de la Costa. El informe más reciente de Amazon Underworld señala que Los Lobos operan en las seis provincias amazónicas del país, mientras que Los Choneros tienen presencia en Sucumbíos, Orellana, Napo y Zamora Chinchipe. A ello se suma la presencia de grupos colombianos que también operan en territorio ecuatoriano.

La expansión de la minería ilegal en la región amazónica ha desplazado al narcotráfico como actividad predominante en determinadas zonas, pero no ha resuelto los problemas de criminalidad. Por el momento, Los Lobos y los Comandos de la Frontera mantienen una alianza.

Depuración de las fuerzas del orden e inteligencia financiera

Según el informe, pese al aumento de las operaciones militares, la minería ilegal no ha cesado en la Amazonía ecuatoriana. Esto se debe, muy probablemente, a la corrupción: los grupos delictivos pagan a informantes dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para obtener información sobre los operativos contra la minería ilegal, lo que les permite mantenerse en el negocio.

Lo que más me preocupa no son necesariamente los operativos militares en la Amazonía, sino la limitada actuación de las Fuerzas Armadas, pese a su profunda cooperación con Estados Unidos. Parece existir una enorme resistencia a analizar los flujos financieros ilícitos para perseguir a quienes financian los proyectos mineros.

Los esfuerzos para combatir la minería ilegal suelen centrarse en fortalecer la conservación de la naturaleza y la gobernanza comunitaria, mientras que otros abogan por una mayor militarización. Mi enfoque pone el énfasis en la inteligencia financiera: si los políticos y empresarios locales fueran sancionados con mayor rigor, a los grupos del crimen organizado les resultaría mucho más difícil operar en el sector minero. Esto también permitiría fomentar una mayor presencia de proyectos mineros legales que beneficien a las comunidades locales que requieren de trabajo y de desarrollo local.