La falacia de la narcopolítica

Lo común es que la criptodictadura se justifique a sí misma a las patadas. Su principal argumento es la falacia de la descalificación ‘ad hominem’: ¿protodictador me has dicho? ¡Cadáver formolizado! ¡Soberbio! ¡Regionalista! ¡Sucretizador! En un país cuya patológica mezquindad ha vuelto impracticable el arte de la conversación, que exige la generosidad de prestar oídos y la disposición a reconocer en el otro el derecho a la discrepancia; en un país incapaz de rendir admiración a quien la merece y reconocer el lugar que ocupan las grandes figuras de nuestra sociedad y nuestra historia (lejos de nosotros, cicateros beligerantes, la capacidad de reconocer a nadie nada), la falacia de la argumentación ‘ad hominem’ es probablemente el mayor obstáculo de la convivencia. Preocupante, porque la política se trata precisamente de eso: de la convivencia. Y la convivencia reside en la capacidad de conversar. Los ecuatorianos somos irreductibles al arte de la conversación. Por eso se ha vuelto común que los debates políticos terminen fácilmente en retos para encontrarse en tal o cual esquina y zanjar cualquier diferencia a puños. Parecería que tras cada asambleísta y cada influencer hay un estúpido gorila agazapado. La escala de valores imperante es la de los trogloditas.

Con un ápice más de sofisticación, ciertos ‘cheerleaders’ de la criptodictadura al menos han renunciado a la falacia de la descalificación ‘ad hominem’ y se han molestado por encontrar un pretexto medianamente racional para justificarla. El más socorrido de esos pretextos es el de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado: supone que el fenómeno de la narcopolítica, con sus secuelas de violencia, muerte y corrupción es de tal magnitud que justifica la arrogación de poderes especiales por parte del caudillo autoritario y, se supone, aunque nunca llegan a admitirlo con todas sus letras, excusa la violación de ciertas leyes y preceptos constitucionales.

Mientras, la narcopolítica sigue incólume

Semejante argumento exige un análisis más detallado. ¿Los principios de legalidad entran en suspenso en tiempos de guerra? Puede ser. Pero, ¿indiscriminadamente? Vamos a ver: para ganar la guerra contra el crimen organizado, ¿es necesario imponer, violando todos los procedimientos y haciendo tabla rasa de los requisitos legales, un fiscal de bolsillo dedicado a tiempo completo a la persecución de los enemigos políticos? ¿Es necesario utilizar los organismos de control y métodos aún peores, como la amenaza y el amedrentamiento, para cercar al periodismo que no se deja controlar por el poder? ¿Es necesario financiar con plata pública un aparato de producción de desinformación y propaganda? ¿Es necesario encubrir un asesinato disfrazándolo de suicidio? ¿Es necesario dar un golpe de Estado en el Consejo de la Judicatura para tener el control, vía coacción administrativa y disciplinaria de todos los jueces de la República? ¿Es así como se gana la guerra contra el crimen organizado? ¿Impidiendo la participación de partidos de oposición en las elecciones? Se dirán que esos partidos son los aliados de la narcopolítica. Pero entonces, ¿por qué tienen que inventarse pretextos y violar leyes para sacarlos del camino, en lugar de atacarlos por lo que son, con la ley en la mano?

Y bueno, ahí están los resultados: la narcopolítica sigue ahí, incólume. Y nada la fortalece más que haberla convertido, también a ella, en una falacia de la política.