Justicia oportuna

El propio presidente anunció en redes la deportación de José Serrano, con la fotografía del hombre esposado de manos y pies entre dos agentes del ICE y una frase propia de Carondelet: “nuevo huésped de El Encuentro”, con un mensaje dirigido a Rafael Correa augurando que ya mismo le llega el turno. 

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Acto seguido, el sábado, un tribunal condenó a Aquiles Álvarez por comercialización ilegal de hidrocarburos. El alcalde de Guayaquil, opositor político, sentenciado en primera instancia a tres meses de unas seccionales. 

Para esto, el 19 de agosto, en el Hotel Máximo de Portoviejo, un video registró a Marco Zambrano, candidato de ADN a la Prefectura de Manabí, con Roberto Pinargote, delegado provincial del CNE, y con Darwin Demera, vocal de la Junta Provincial Electoral. Dos días más tarde esa misma Junta, con Demera entre quienes votaron, aceptó las objeciones de ADN y de la alianza Sociedad Patriótica-CREO y dejó a Luisa González fuera de los próximos comicios electorales.

Es oportuno aclarar que no defiendo a nadie. Serrano tiene un proceso penal abierto. El expediente de los combustibles surge de una denuncia de la ARCH, por el desfase entre combustible despachado y facturado y el juicio se extendió varios meses. Tampoco sé lo qué hablaron en el hotel aludido. 

El argumento de la Junta es que el estatuto de Pachakutik exige dos años de militancia y González no los tenía. Sin embargo, lo fáctico en los tres casos planteados, es que un jefe de Estado publica la foto del detenido y de paso anuncia pomposamente quién sigue en la fila. 

Sobre el caso Triple A, el nudo del caso está en si una comercializadora responde penalmente por lo que ocurre en gasolineras que no administra. O sea, ¿cómo hay autoría directa del desvío arriba cuando abajo, en varios casos, no se acreditó participación en el mismo hecho?. Finalmente, en el tema electoral, el CNE solo removió a Pinargote y encargó la delegación de Manabí a William Cadena.

En los casos citados existe una sincronía brutal en torno a un patrón o denominador común, cuál es, que los números electorales son feos. 

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Según el Barómetro de las Américas, apenas el 26 % de los ecuatorianos confía en sus elecciones, cuando en el resto de la región la cifra llega al 39 %. La satisfacción con la democracia se desplomó del 56 % en 2021 al 26 % en 2023. 

O sea, se busca que la tribuna aplauda con la foto, el traslado y el anuncio del próximo. Pero, en el caso Progen y los 104 millones de dólares no han deportado a nadie, ni hubo fotografía.

Lo cierto es que para desmontar a un opositor basta con una medida cautelar oportuna, un requisito perdido en cualquier cuerpo normativo y aguardar que se venzan los plazos electorales. Todo perfectamente legal, inobjetable, y, casualmente, en la misma dirección. 

Algún rato, los que hoy celebran cada exceso descubrirán el debido proceso, la desproporción de las cautelares, la fiscalía oportuna y los jueces empáticos. La suspensión de organizaciones políticas dictada sin sentencia ya es precedente, y el precedente servirá para todo caso. 

Así también, una posición de garante caída del techo para un empresario sirve mañana para cualquier otro, menos para los “duros” de Progen. Las garantías surgen para el momento justo en que el acusado es incómodo, ahí cumplen su papel. En pocas palabras, estas evitan que la justicia sincronizada con el momento político le caiga encima con todo el peso de la ley. Karma le dicen.