Sin justicia confiable, sube el riesgo

La confianza en la justicia suele verse como un desafío jurídico, pero sus efectos son profundamente económicos. Cuando las decisiones no son previsibles o los procesos carecen de certeza, el impacto no se queda en los tribunales: se traslada a toda la economía.

En entornos donde la justicia no genera confianza, el riesgo se vuelve difícil de anticipar. Y cuando no puede anticiparse, se encarece. Este costo se refleja en decisiones más conservadoras, menor inversión y mayores barreras al desarrollo.

Seguros en Ecuador: múltiples vías, distinta eficacia

En materia de seguros, Ecuador ofrece varias vías: el reclamo directo a la aseguradora, el reclamo administrativo ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), el arbitraje especializado y la justicia ordinaria. Su valor real depende de su eficiencia, especialización y previsibilidad.

El reclamo administrativo, previsto en el artículo 42 de la Ley General de Seguros, tiene un alcance definido: la SCVS determina si procede el pago, pero no tiene facultad para ordenarlo cuando existe controversia sobre la valoración de los daños. La Corte Constitucional, en sentencia de 2024, precisó que actúa en ejercicio de facultad administrativa, no jurisdiccional. Cuando la controversia supera ese umbral, la vía administrativa encuentra su límite.

Ahí cobra relevancia el arbitraje: decisiones técnicas, plazos definidos y mayor previsibilidad. El artículo 25 de la Ley General de Seguros exige que toda póliza incluya la opción de arbitraje o mediación. Mecanismos eficientes no solo resuelven disputas: reducen la incertidumbre para todas las partes (asegurados y aseguradoras) y fortalecen al seguro como instrumento de estabilidad.

Baja penetración y costo del riesgo

No es casual que Ecuador tenga una penetración aseguradora inferior al 2 % del PIB. La incertidumbre jurídica también explica ese rezago y limita el desarrollo de instrumentos de protección frente a eventos adversos.

Los países más estables no son los que tienen menos disputas, sino los que los resuelven eficientemente. La calidad de la justicia define el costo del riesgo, porque el riesgo siempre estará presente. La diferencia está en cuánto cuesta enfrentarlo.