El caso ATM y los juicios políticos

El viernes pasado, la Asamblea archivaba el proceso contra Inés Manzano por el contrato fallido con Austral Technical Management (ATM). En su intervención, la asambleísta María Paula Villacreses sostuvo que el juicio contra la exministra había sido mal planteado (quizá no se equivoca), pero fue más allá diciendo que “el hecho de que una ministra tenga o no tenga juicio político, sea censurada o no sea censurada no le va a devolver la plata al país”. Esa postura es inaceptable.

Lo que la asambleísta Villacreses dijo, más que una pobre defensa de Manzano, fue un ataque contra la función misma que ella debería desempeñar como fiscalizadora. Es obvio que un proceso de control político no resultará, al menos de forma directa, en recuperar valor económico alguno. El sentido detrás de censurar a un ministro es otro.

Lo que persigue el control político

Primero, el control político, en una democracia republicana, como nominalmente es la nuestra, busca que el Legislativo ejerza de contrapeso para al Ejecutivo, cosa que, por supuesto, no les interesará a las mayorías oficialistas de este país todavía lleno de señoritos y capataces. Segundo, es una forma de advertirles a futuros funcionarios que incidir en cierto comportamiento, como el no intervenir oportunamente para evitar un afectación al Estado, acarreará un castigo político y social.

Dejando de lado el error conceptual, preocupa aún más la inconsistencia del oficialismo tanto en la fiscalización –que la ejercen con ahínco contra alcaldes, a pesar de no estar facultados para hacerlo– como en los casos Progen y ATM. En eso último llama la atención que sostengan que los ministros nada tienen que ver con las actuaciones de Celec, habiendo sido ellos mismos sus principales contradictores: Roberto Luque visitó a posibles proveedores, mientras que Manzano habló en múltiples ocasiones como si ella hubiera comandado la EP.

En una entrevista del 25 de octubre de 2024, declaró que dispuso revertir una prórroga concedida a uno de los contratistas. Luego, el 8 de noviembre, habló en primera persona: “nosotros tenemos que comenzar un proceso posiblemente de terminación unilateral del contrato”. ¿No es eso asumir responsabilidad?