El adiós a los jueces anticorrupción
La Judicatura eliminó los juzgados especializados en corrupción y crimen organizado, una decisión que genera dudas sobre la justicia penal
La eliminación de los juzgados especializados en corrupción y crimen organizado genera cuestionamientos sobre la capacidad del sistema judicial para procesar casos complejos.
El Consejo de la Judicatura resolvió eliminar la Unidad Judicial Especializada en Corrupción y Crimen Organizado y sus respectivos Tribunales de Garantías Penales y Salas de la Corte Provincial, con votación unánime y un comunicado que suena a manual de relaciones públicas: “esto no debilita, fortalece”.
Política
Judicatura y jueces anticorrupción: ¿cuántas vacantes se abrirán y cómo será el concurso?
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
Más jueces no significa mayor capacidad
La aritmética de pasar de 19 a más de 50 jueces habilitados podría sonar seductora, pero tenemos que tener cuidado. La Unidad Judicial hoy desparecida tuvo un proceso interesante de creación con activa cooperación en la capacitación de organismos internacionales: 425 abogados compitieron por apenas 14 plazas, evaluados en 44 tipos penales específicos; fue reconocer que perseguir lavado de activos y crimen organizado exige entrenamiento que un juez ordinario no adquiere de un día para otro.
Diluir esas competencias entre despachos ya saturados no multiplica la capacidad del sistema sino el riesgo de sentencias que, a la postre, podrían ser más frágiles. El argumento de la “carga procesal”, 234 expedientes frente a saturaciones del 100 % en otras unidades no es comparable (lo sabemos quienes ejercemos en materia penal). Un caso de crimen organizado no se mide en volumen sino en complejidad probatoria, dogmática y riesgo para quienes lo instruyen. Reducirlo a estadística de productividad es, cuando menos, cuestionable.
El problema legal de eliminar los juzgados
No es igual conocer un delito en que se tiene uno o dos procesados, que uno de esos que conocía la Unidad, muchos con más de 20 procesados, cuando el juez debe analizar la situación de cada uno individualmente. Es como tener 20 o 30 procesos en uno solo. Y ya en el plano legal tenemos otros problemas que analizar: la resolución acaba una estructura nacida de una reforma legal de 2020 que la Corte Constitucional situó bajo reserva de ley. Si el Consejo quería eliminar estos juzgados el camino era la Asamblea. Y las reacciones internacionales no se han hecho esperar.
La relatora de la ONU sobre independencia judicial, Human Rights Watch, cuestionó el cambio. No se puede pedir cooperación contra el crimen organizado y desmantelar, sin ley de por medio, el único fuero creado para combatirlo. Fortalecer la justicia anticorrupción exigía más jueces especializados y protegidos, no disolver la especialidad en un océano de juzgados comunes. El costo lo veremos en el camino, en cada proceso de corrupción con menos ojos entrenados vigilándolo.
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