La grandeza del voto útil

Guayaquil elige alcalde el 29 de noviembre y lo hace por mayoría simple, o sea, gana el que saque más votos y punto. No hay segunda vuelta que dé otra oportunidad ni que obligue a sentarse a negociar. Y en esa regla tan simple se cocina el voto antigobierno. Son ocho candidaturas peleando el sillón de Olmedo, y dos de ellas, la de Fiorella Ycaza y la de Mónica Luzárraga, beben del mismo electorado, aquel que en el 2023 le dio el 40 % a Aquiles Álvarez y sacó del Municipio a una maquinaria que se creía perpetua. Esos votos siguen ahí. Lo que falta es que se administren con criterio.

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La historia, hasta donde se sabe, es esta. En junio se firmó un acuerdo en la llamada Mesa de la Unidad; en julio ya había volado en pedazos. A una le ofrecieron una concejalía como premio de consuelo, dijo que no y la acusaron de “chimbadora”. En agosto, el Partido Socialista le prestó su casillero a la otra, y la agraviada salió a hablar de palabra rota. Cada bando tiene su versión y su razón. 

Pero al “pana” del Guasmo o de la Bahía le da igual quién incumplió primero. Lo que quiere saber es quién le va a resolver los problemas. Los técnicos calculan que el próximo alcalde podría llegar con menos del 35 % de los votos válidos. Pongamos que el voto progresista se parte en un 22 % y un 14 % (y todos sabemos quién tiene cuánto). Ninguna gana, aunque juntas le saquen ventaja a cualquiera. No hay que ser adivino en política, ahora basta saber que dividir no reparte, resta.

Desde 1979, ningún alcalde de Guayaquil ha sido del partido del presidente de turno. Eso dice mucho, y no solo de la famosa rebeldía porteña, dice que aprendimos a arreglar nuestros problemas por cuenta propia. Esa independencia de la que tanto se habla en tarimas y redes, no se defiende con candidaturas que se empujan, sino con votos que se suman. Quien de verdad crea que la ciudad debe mantenerse lejos de Carondelet tiene que demostrarlo en las urnas, no solo en los mítines.

Ahora bien, el Código de la Democracia no permite renunciar a una candidatura ya calificada e inscrita, así que ninguna de las dos puede borrar su nombre de la papeleta. Pero, ironías de la vida, nada en la ley le impide a una de ellas, llegado el momento, decirles a los suyos que la ciudad necesita decisión y que su voto rinde más en otra casilla. Para eso no hay trámite en el CNE. Hace falta conciencia política y grandeza.

Claro que hay diferencias entre las dos. Una representa la continuidad de un proyecto municipal que quedó a medias; la otra, una izquierda que no le debe la candidatura a ningún aparato. También se dirá que los votos no se endosan así nomás, que hay electores de una que jamás marcarían por la otra. Todo cierto. Pero el votante progresista no es un rebaño, tampoco es gobiernista y menos suicida. No hace falta que se mueva todo ese electorado, basta con que se mueva la mitad y cambia el alcalde.

¿Y quién decide cuál da el paso al costado? Que decidan los números. Propongo un compromiso público sencillo: que ambas acuerden desde ya qué encuestas tomarán como referencia, y que anuncie la que aparezca atrás en la primera semana de noviembre, que llamará a votar por la otra. Transparente, verificable y limpio, como debería ser la política. 

El no hacerlo implica que la factura la pagará una ciudad que en 2023 votó por un cambio y que ahora ve cómo esos votos se diluyen en dos porcentajes respetables y perfectamente inútiles. Habría todo un periodo municipal para arrepentirse.

Ycaza y Luzárraga pueden seguir teniendo razón cada una por su lado. O pueden evitar que Guayaquil pierda por las dos.