El silencio sobre temas de negligencia y corrupción que implican el despilfarro y malversación de los recursos de todos los ecuatorianos en fallidos proyectos de los gobiernos anteriores, se ha convertido en la respuesta habitual de las bancadas en la Asamblea, sobre todo de las de mayoría, ante cada nuevo escándalo que aflora a la opinión pública.

El pueblo del Ecuador no puede confiar en supuestos representantes de sus intereses que solo se movilizan o reaccionan cuando lo que está en juego es el reparto del poder. Para todo lo demás la consigna es la de jugar al mudo. No denuncian, no opinan, no exigen explicación, ni demandan sanción.

Si los asambleístas, elegidos por la voluntad popular a través del voto, no cumplen su función de legislar ni de fiscalizar, si tienen altísimos niveles de desaprobación ciudadana y de falta de credibilidad, si su trabajo es deficiente y cuestionado, si algunos desempeñan su cargo pese a tener procesos judiciales, si priorizan temas superfluos por sobre los de interés nacional y cívicos por conveniencia política, si su remuneración procede del bolsillo de la ciudadanía, su permanencia en el Poder Legislativo debería ser también una decisión de sus mandantes por medio de un mecanismo democrático. La institucionalidad en el país debe repensarse.