El presupuesto no da para cumplir con las asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, ni para mantener -peor aún para mejorar- el sistema educativo, ni para prestar una adecuada atención de salud a los ciudadanos, pero sí hay recursos para mantener a un insostenible número de candidaturas que, a todas luces, no tienen una verdadera aspiración presidencial. Porque no les dan los votos y porque ni siquiera se han molestado en definir un verdadero proyecto de gobierno más allá de eslóganes ampliamente repetidos.

Si la clase política no es capaz de aparcar sus intereses particulares en pro de una democracia más sólida y menos fragmentada, debería legislarse para que el escenario electoral favorezca al votante y al país y no a los movimientos políticos.

Cuatro años han pasado sin que se reformase esa parte de la ley sobre la transparencia en la financiación y los fondos de los que viven las organizaciones políticas. Si sus nutrientes económicos viniesen de sus simpatizantes, presentarse a presidente para no ganar no sería un negocio. Si necesitan convencer a los ciudadanos para que les voten y también para que les hagan aportes -como son los militantes en otros lados- la coherencia estaría garantizada. Y no el reparto de recursos públicos.