En Ecuador no basta con aplicar incentivos para motivar la contratación de personal. Con un récord de informalidad en el mercado laboral no se puede atacar el problema de un solo lado, más si regularizar los negocios es garantizar mejores beneficios a los trabajadores y darle la oportunidad al Estado de asegurar nuevos ingresos.

El prometido incremento de deducción de Impuesto a la Renta (IR) para las empresas que incluyan en su plantilla de trabajadores a jóvenes de 18 a 29 años y personas que hayan sido sancionadas con penas privativas de libertad, es solo una pieza del engranaje para corregir los desfases de este mercado, donde cada vez se crean menos empleos de calidad y donde la actividad laboral informal supera ya la tasa del 54 %, según las cifras del propio INEC, hasta noviembre.

El país requiere con urgencia una política de Estado integral, que no aplique las mismas recetas del pasado, que pocos y deficientes resultados han dejado. Formalizar empleos haciendo que estos operen con los mínimos requisitos es convertir al sector laboral en un proveedor de ingresos y de bienestar social para los trabajadores; es empezar a ampliar la base de contribuyentes para que más personas paguen lo que deben y no ‘apretar el cinturón’ a los mismos de siempre, como ya se anuncia.