Un país que arroja sus aguas contaminadas a los ríos sin haberla tratado es un país con una grave predisposición al suicidio.

Tener un sistema hidrológico con agua no apta para el consumo humano ni para el uso en cultivos termina convirtiéndose en un problema para la salud pública de la sociedad y, en consecuencia, en un costo muy grande para el Estado. Esto es lo que ocurre en Ecuador: muchas de las grandes plantaciones de banano, arroz, maíz, palma africana y otras no reparan en la gravedad que conlleva el que los pesticidas tóxicos que utilizan terminen en las cuencas de ríos y esteros. A eso hay que agregar otro factor: la falta de tratamiento de las aguas servidas en pueblos y ciudades, cuyo ejemplo paradigmático es Quito.

Tan grave como la contaminación en sí, es la falta de conciencia de la ciudadanía acerca de la trascendencia de este problema y sus nefastas consecuencias para la salud, lo cual se evidencia en la altísima incidencia de cáncer en la población ecuatoriana. Y más censurable aún es la indiferencia y pasividad de las autoridades de Medio Ambiente y de Salud Pública, así como de las alcaldías, cuya inacción permite que industrias y comunidades continúen envenenando el agua que consumimos, elemento indispensable para la vida, sin control, sanción ni remedio para este delito.