Que el crimen organizado haya escalado tanto en el país es el resultado de la acción de una cadena de responsables: las incapacidades e ineficiencias de los funcionarios del gobierno de turno, autoridades del sector judicial, policial, pero también de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), que con una gestión ineficaz no ha ayudar a detectar el origen real de las transacciones del dinero ilícito que hoy es el gran motor de la violencia que hunde a este país.

¿Cuánto de lo que vivimos ahora se podría evitar si se lograra cerrar la llave de financiamiento con la que operan estas mafias? Basta analizar cuánta voluntad ha existido para poder identificar enriquecimientos sospechosos solo a nivel de funcionarios judiciales (Judicatura, Fiscalía, jueces). De eso nada hemos visto.

Pero la ciudadanía ya no aguanta más inoperancia, tampoco la ola de crímenes que acaban con hogares enteros y que dejan débil a una economía, sin oportunidades laborales. Si la falta de resultados depende de una labor coordinada de entidades, pues las autoridades deben trabajar en eso. Si para desenmascarar la forma en que operan estas mafias se requiere de personal especializado, pues el país debe invertir en aquello. En un nuevo año, las esperanzas por tener un Ecuador de paz se renuevan. Es hora de que actúen quienes nos gobiernan.