Tal es el grado de justificaciones, matices, retrasos e incumplimientos de las autoridades de Ecuador a la hora de transparentar sus gestiones o sus cuentas propias tras pasar por el servicio público que hace falta precisar lo que necesita este país para empezar -solo empezar- a desterrar los hábitos corruptos.

Desnudos. Los funcionarios públicos y, sobre todo, los que manejan recursos amasados por el Estado tras el esfuerzo contributivo de sus ciudadanos deben sentirse y estar desnudos -con ropa, pero desnudos- al control público. Incluidas entidades y fundaciones. El que esté cómodo es que está limpio. El que no esté de acuerdo, es que no debería estar o incursionar en el sector público. No hay sombras ni rebordes en la fórmula. Transparencia total para saber cuánto ganan, cuánto tenían, cuán razonable es su nivel de vida respecto de sus ingresos declarados y cuánto pagan en impuestos.

Así, Ecuador se libra de los candidatos que recién conocen al SRI cuando llegan al cargo. O de esas generosas autoridades que ceden durante años su sueldo completo pero no viven del aire, sino en una envidiable vivienda o con un acaudalado nivel de vida y consumo. Y así, además, si todos esos casos estaban en un marco legal, la fórmula mágica de los nuevos ricos será accesible para todos.