Del robo de combustible es mejor no hablar

Durante la reciente escasez de combustibles se tejieron varias explicaciones: unos dijeron que la culpa es del bloqueo del estrecho de Ormuz; otros hablaron de la especulación; y otros, que todo se debe al terrible bajón en la capacidad de refinación provocado por la inoperancia de los últimos gobiernos. Pero en Ecuador nadie está hablando de uno de los problemas más graves: la corrupción enquistada en el Estado, que facilita el robo de, al menos, 100 millones de dólares anuales en combustibles.

De acuerdo con las estimaciones hechas por las autoridades, al menos 20 mil galones de combustible son robados diariamente. Según Reuters, las perforaciones ilegales en la red de poliductos pasaron de 32 incidentes durante 2022 a 773 en los primeros diez meses de 2024, un incremento de 24 veces. Esto provocó pérdidas estimadas en 215 millones de dólares durante ese período.

Desde la publicación de ese artículo, el robo de hidrocarburos se ha disparado aún más: un comunicado del Ministerio de Defensa de septiembre de 2025 mostró que, entre enero y agosto de 2025, se identificaron 1.095 perforaciones ilegales, un impresionante aumento de 34 veces respecto de 2022.

Crecimiento explosivo de las perforaciones ilegales

La situación en las propiedades por donde pasa el poliducto es terrible: a diario ingresan personas a perforar el ducto y a los propietarios que se niegan a permitir el ingreso de los ladrones se los amenaza de muerte. Hay muchos que reciben coimas a cambio de hacerse de la vista gorda. De esto conocen las autoridades encargadas de la vigilancia, pero no hay denuncias formales porque detener o disminuir los robos sería perjudicial para esas mafias. Es evidente que en el Estado hay una inmensa complicidad.

De hecho, esos 100 millones de dólares anuales equivalen a construir entre 8 y 12 hospitales básicos o decenas de centros de salud. Alcanzarían para financiar miles de becas universitarias y adquirir cientos de patrulleros, ambulancias o equipos hospitalarios.

El robo de combustibles es un enorme problema, pero nadie habla de él, porque hacerlo sería llamar la atención sobre un negocio que no conviene exponer a las mafias de la corrupción enquistadas en los ministerios e instituciones encargadas del tema.

¿No sería más útil un toque de queda en las zonas aledañas al poliducto que en ciudades como Quito, donde no hay tanta violencia?