Con licencia para …

Seguir denominando en el inconstitucional y reciente decreto ejecutivo, “conflicto armado interno” a lo que ocurre en el país, es una jugada política para seguir manipulando las normas legales y eliminar el costo de rendir cuentas. Ya dejó de ser crimen, delito, delincuencia, ahora es guerra. Pretenden que aceptes más poder para el Ejecutivo, más margen para usar la fuerza, menos controles y total tolerancia social por los “daños colaterales”, aquellos en los que una bala perdida te mata un hijo o una madre. 

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Pretenden normalizar y a ratos romantizar con oropel y parafernalia rocambolesca, lo excepcional y hacerlo necesario. Lo peor de todo es que algo han logrado y algunos siguen cayendo en el juego de la exterminación a toda costa. Viven en alguna isla de la fantasía y a pesar de los índices de criminalidad, los atracos, los suicidios ventajosos y las balaceras a discreción, sin perjuicio que el truco ya fue vendido varias veces insisten en comprarlo como necesario.

Ciertamente que somos una suerte de Sinaloa (con licencia de los sinaloenses) y por estupidez e indolencia, por retacear el gasto social y priorizar el “riesgo país” estamos como estamos. El país está tomado por organizaciones criminales violentas, las mismas que están infiltradas en los sectores, social, político y económico. Claro que se requiere una respuesta firme, pero firme no significa ciega. 

Y este tipo de decreto huele a actuar primero y explicar después, si es que se explica. Se apoya en ambigüedades como “seguridad integral”, “orden público”, “paz social”, las mismas que están vetadas en los sistemas penal y de Derechos Humanos, justo por permitir cualquier interpretación. Son tan pertinentes a un operativo contra una banda armada como en la represión de una protesta, o a cualquier activista que incomode, como ya lo hemos visto. En definitiva, esto permite abuso selectivo, arbitrariedad y persecución disfrazada de “seguridad”.

Nadie discute que frente a delitos transnacionales y organizaciones de soporte existe la necesidad de apoyo internacional. Pero no es necesario otorgar un cheque en blanco, sin registro de en qué se coopera, qué significa “inteligencia”, “equipamiento”, “presencia de agentes extranjeros en territorio nacional”. Bajo qué normas, con qué límites, con supervisión de quién. En el decreto alegamos soberanía, pero se abre una puerta sin torniquete, sin control, nadie responde, nadie rinde cuentas.

Lo más grave es el mensaje -aquel que debía estar en el centro del decreto- esto es, el blindaje total con indultos, conmutaciones o “salidas” para militares, policías y civiles involucrados. O sea, actúen sin miedo, si se pasan de la línea yo me encargo. Así como cuando se dice, “si te meten en la cárcel, tranquilo, yo te saco”. Eso no significa respaldo, es estímulo, es impunidad anticipada de un gobierno que sabe que los hechos pueden ser indefendibles. 

Y claro que hay riesgo si la guerra es en serio y no la patraña que tenemos ahora, en la que un “objetivo priorizado” es asesinado en los filtros migratorios de ingreso al país. Si la solución es dar carta blanca y luego perdonar, entonces estamos hablando de lo mismo y el Estado termina pareciéndose demasiado a aquello que dizque “combate”.

La gran ausencia del decreto es la que más debería importar, los controles; por ejemplo, dónde está el control legislativo real (sin risas por favor) y no la farsa de hoy; dónde está la supervisión judicial efectiva (otra vez, sin risas); dónde están los protocolos públicos sobre uso de la fuerza, detenciones, allanamientos, cadena de custodia, protección de civiles. Una vez más el gobierno intenta blindarse; otra vez pide poderes extraordinarios y, también, sin control. Sigue estirando la democracia probando hasta dónde puede hacerlo.