Los combustibles también votan
Las decisiones de Noboa y Trump sobre los combustibles reflejan cómo la política electoral condiciona la economía de dos países antes de las elecciones

Subsidios y geopolítica: el impacto económico que sobrevivirá a las elecciones.
El 3 y el 29 de noviembre habrá elecciones en Estados Unidos y Ecuador. En ambos países, los gobiernos intentan reducir el precio de los combustibles mediante decisiones diferentes, adoptadas a pocas semanas de las elecciones.
En septiembre de 2025, Daniel Noboa tomó una decisión necesaria y políticamente difícil. Sustituyó el precio congelado del diésel por un sistema vinculado al mercado internacional. Los subsidios generalizados representaban un elevado costo fiscal y beneficiaban también a quienes no necesitaban ayuda estatal.
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La guerra entre Estados Unidos e Irán puso a prueba esa reforma. Mediante los decretos 444 y 468, el Gobierno ecuatoriano modificó la fórmula de ajuste para amortiguar la volatilidad internacional de los precios. Desde el 12 de octubre, las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel bajaron unos cuatro centavos por galón. Pero el subsidio al diésel pasó de 1,22 a 1,85 dólares por galón. El consumidor paga menos mientras el Estado asume una diferencia mayor.
Geopolítica, elecciones y economía
En Estados Unidos, el 9 de octubre, Trump anunció un acuerdo con Putin para facilitar las exportaciones de diésel ruso. Su Gobierno autorizó temporalmente operaciones comerciales que estaban sujetas a sanciones económicas por la guerra con Ucrania. La decisión busca contener los precios antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, pero también proporcionará ingresos para Rusia mientras continúa la guerra en Ucrania.
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Las decisiones tienen costos distintos. Ecuador compromete recursos fiscales; Estados Unidos acepta un costo geopolítico. Hay razones económicas para proteger a los consumidores ante aumentos extraordinarios. Pero también existe un incentivo electoral evidente. Los gobiernos saben que el precio de los combustibles influye en el ánimo de los votantes.
El problema de estas medidas es que las elecciones terminan y los costos de esas decisiones pueden permanecer. Una reforma económica puede admitir excepciones. Lo difícil es distinguir cuándo responden a necesidades económicas y cuándo a conveniencias políticas.