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Sophia Forneris | El costo de hacer lo correcto

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En contextos de colapso institucional, las soluciones suelen ser radicales

¿Qué ocurre cuando un ministro, funcionario o delegado político no puede ejercer su función por amenazas externas? ¿Qué pasa cuando quienes se benefician de la ineficiencia del sistema son, al mismo tiempo, las voces más estridentes del debate público? La respuesta: el Estado comienza a ceder. No de forma visible, sino en pequeñas renuncias diarias. Decisiones que no se toman. Contratos que se firman por miedo. Procesos que se diluyen. Así, la institucionalidad deja de sostener el peso de la ley.

Exigimos integridad, pero no dimensionamos su costo. ¿Quién está dispuesto a morir por su país sin respaldo, sin protección y sin garantía de lograr un cambio? Es fácil exigir firmeza desde la distancia. Pero seamos honestos: ¿cuántos no firmarían un contrato si eso implicara poner en riesgo su vida y la de su familia? Ahí es donde el discurso se rompe. Vengo de una familia que me enseñó a respetar al país que me vio nacer. Pero también, como nieta de migrantes que huyeron de la guerra, entiendo algo esencial: las personas no mueren por abstracciones. Mueren por su familia. Cuando el Estado no garantiza esa protección, exigir heroísmo individual deja de ser un ideal y se convierte en una irresponsabilidad.

Mientras tanto, la impunidad avanza. Cada asesinato sin resolver, cada amenaza sin consecuencias, debilita el Estado de derecho. El resultado es predecible: más violencia, más crimen organizado, más miedo. Entonces surge la pregunta incómoda: ¿cómo se rompe este ciclo? La respuesta no es elegante. En contextos de colapso institucional, las soluciones suelen ser radicales. Modelos duros parten de una premisa clara: hay individuos que han decidido vivir al margen de la sociedad y cuya permanencia la deteriora. ¿Es cruel? Para muchos, sí. ¿Es efectivo? En ciertos contextos, también. Porque la disyuntiva es clara: o el Estado recupera el control, o lo pierde. Y la pregunta de fondo no es ideológica, sino moral: ¿a quién protege el sistema? ¿Al ciudadano que trabaja y sostiene el país, o a quien ha hecho de la violencia su forma de vida? Definirlo marcará si Ecuador reconstruye su orden o normaliza su descomposición.