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Rosa Torres Gorostiza | Elecciones trastocadas

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A lo largo de la historia reciente, los ecuatorianos han acudido a las urnas en medio de lluvias, crisis y emergencias

El apuro del Consejo Nacional Electoral (CNE) por adelantar las elecciones resulta, por decir lo menos, inquietante. En un país donde ni los organismos especializados en meteorología -ni el instituto ecuatoriano, ni sus pares en Estados Unidos o Europa- han logrado confirmar con certeza la llegada de un fenómeno de El Niño, mucho menos su intensidad, sorprende que una entidad administrativa actúe como si dispusiera de una bola de cristal.

Los datos son claros: incluso la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) apenas se atreve a hablar de probabilidades de inicio de un evento entre junio y agosto de 2026 que no superan el 62 %. Más aún, cualquier estimación sobre la fuerza del fenómeno, que podría desarrollarse entre octubre y diciembre, sigue siendo prematura. La ciencia, con toda su tecnología y rigurosidad, se muestra cauta. El CNE, en cambio, actúa con una certeza que raya en la temeridad.

¿En qué se basa entonces esta decisión? Porque no parece responder a criterios técnicos ni a una legítima preocupación por los posibles efectos climáticos. A lo largo de la historia reciente, los ecuatorianos han acudido a las urnas en medio de lluvias, crisis y emergencias, sin que ello haya justificado alterar el calendario electoral de forma tan abrupta. Lo que hoy ocurre, más bien, tiene el inquietante aroma de una jugada política.

El adelanto de tres meses no solo altera el orden institucional, sino que obliga a los actores políticos a improvisar candidaturas a contrarreloj, debilitando la calidad de la oferta electoral. Partidos y movimientos han sido empujados a una carrera desordenada, donde la urgencia sustituye al debate y la planificación. ¿Esa es la democracia que se pretende fortalecer?

Y si el temor al fenómeno de El Niño es tan grande como se sugiere, la pregunta es inevitable: ¿dónde están los planes de prevención? ¿Dónde las acciones concretas para proteger la infraestructura vial ya deteriorada, garantizar el suministro de agua potable o evitar cortes de energía? La verdadera previsión no debería centrarse en cálculos electorales, sino en salvaguardar a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.