La crisis que vivimos por la inseguridad, el casi nulo crecimiento económico, el desempleo, el déficit fiscal y el aumento de la deuda pública; los jueces que han destruido la confianza en la justicia, los funcionarios que abusan del cargo creando inseguridad jurídica, dibujan la oscura realidad nacional y obligan a la dirigencia política a abandonar sus prácticas de manipulación con mentiras y ‘noticias’ fabricadas que buscan distraer a la ciudadanía de la dura situación que atraviesa.

El país no puede seguir hundiéndose por ambiciones personales que nada aportan a la sociedad. Es legítima la diferencia de ideas y posiciones políticas, pero no se puede favorecer a pequeños grupos interesados únicamente en participar en elecciones buscando alguna canonjía.

Los movimientos políticos son financiadas con recursos públicos, crearlos es un buen negocio; es público que un exasambleísta vinculado a negociados en hospitales, transó un juicio político al CNE a cambio de crear su movimiento. El Consejo Electoral no ha ejercido el debido control sobre estas agrupaciones y ha tolerado ilegalidades para ayudarlos a supervivir. Con movimientos políticos sin doctrinas definidas que no beneficien al país sino a sus minúsculos intereses, se fractura la democracia y proliferan candidatos presidenciales sin antecedentes cívicos y de liderazgo que ameriten dirigir los destinos del país.

Es momento de sustituir los yo por un nosotros. La crítica es necesaria pero se deben presentar propuestas alternativas fundamentadas, razonables, viables y no demagógicas y divorciadas de la realidad, que contribuyan a solucionar los graves problemas que aquejan a la población. No se puede continuar solo buscando culpables, se necesitan responsables que asuman el compromiso de construir un mañana esperanzador que desaliente la migración.

El mensaje aristotélico es claro: la felicidad se logra con esfuerzo y virtudes; sin trabajo y honestidad no se va a ninguna parte.

Es imperativo restaurar la moral pública, como lo hace la fiscal general Diana Salazar. Tolerar el enriquecimiento ilícito es contribuir a destrozar las condiciones de vida de todos.