El reciente incremento del IVA al 15 % ha empezado a calar en las fibras más sensibles del bolsillo ciudadano, que el Gobierno advirtió que no se tocarían. La actualización de precios del gas licuado de petróleo (GLP), a raíz del alza del impuesto, ha reactivado consigo la viveza criolla de ciertos vendedores que, aprovechándose de la libre oferta y demanda y de un contexto especulativo, elevan los precios de los cilindros que se entregan a domicilio. Así, una bombona que oficialmente cuesta $ 1,65 se distribuye de sector en sector con aumentos que alcanzan hasta los $ 5; es decir, en algunos casos triplicando su valor real.

Lo lamentable es que un grupo de comerciantes busque, de forma fácil, embolsarse a su favor unos cuántos dólares más aprovechándose de un valor subsidiado por el Estado para llegar a encarecer un producto de consumo tan básico, sin que ninguna autoridad, hasta el momento, ponga un freno.

Esta semana los operativos de la Intendencia del Guayas se orientaron a hacer respetar el precio oficial dentro de las distribuidoras, pero fuera de ellas el producto se vende por encima de los sobrecostos que podrían generar la transportación y el despacho. Si bien el ciudadano tiene la potestad de aceptar o no el valor, el descontrol ha empezado a generar quejas, pues en los últimos días ha habido guayaquileños que se han visto obligados a migrar de depósito en depósito hasta encontrar el gas más barato.

El año pasado el Gobierno destinó $ 3.200 millones al pago de subsidios de combustibles, de los cuales $ 410 millones se direccionaron a hacer que el gas doméstico llegue a precios asequibles. Si el Estado hace este sacrificio fiscal, pues las autoridades están obligadas a controlar y hacer que este beneficio se sienta y no se quede en una cadena de intermediarios.

Si hoy los ciudadanos no ven retribuido el pago de sus impuestos con servicios públicos eficientes, entonces que el tener un gas mucho más económico sea la vía para compensarlo. Pero no hay control sin regla, y aquí es donde la Agencia de Regulación de Hidrocarburos debe actuar, instalando mesas de diálogo para aplicar en ciudades grandes lo que ya se hace en las pequeñas: poner un precio referencial para la entrega a domicilio. Para eso hace falta voluntad política y ser empáticos con los que más necesitan.