La dolarización se implementó para controlar la insaciable necesidad de gasto de los políticos, frenando la impresión de dinero que financiaba la despilfarra. Sin embargo, a pesar de que la dolarización ha sido buena para la sociedad civil porque protege el poder adquisitivo y permite financiar la adquisición de bienes a largo plazo para prosperar, a ciertos políticos les desagrada porque es una camisa de fuerza para el gasto público. Por eso algunos de ellos y otros tantos funcionarios públicos han venido promulgando legislación que obliga a incrementar anualmente el gasto público permanente.

Es un error continuar golpeando a los mismos contribuyentes inventando impuestos con diferentes excusas, para favorecer a quienes viven del gasto público improductivo, mientras la ciudadanía no recibe servicios de calidad a cambio. Lo justo es que el Estado realice reformas estructurales para revertir esta situación. Por ejemplo: focalización de subsidios de los combustibles, reducción del gasto público improductivo, combate a la defraudación fiscal y corrupción, mejorar las compras públicas para que se realicen a precios de mercado, que Inmobiliar venda los activos improductivos del Estado, eliminar las empresas públicas, mayor participación del sector privado a través de concesiones y alianzas público-privadas en las actividades económicas para las que el sector público no tiene recursos, detener el derroche de varios GAD (nómina excesiva, conciertos, etcétera), derogación de las disposiciones decimoctava y vigesimosegunda de la Constitución porque no existen ingresos permanentes que soporten esos gastos permanentes, y eliminación de privilegios de funcionarios públicos. Esa es la primera opción.

Tras haber ejecutado lo anterior, debería analizarse el incremento del IVA temporal. Y si se aprueba, esos recursos deberían destinarse a un fideicomiso con el objetivo de combatir la inseguridad ciudadana. Sin crear impuestos adicionales, porque en los últimos dos proyectos de ley aprobados y con el Decreto Ejecutivo 98 ya se están recaudando $ 2.586 millones extra para el ejercicio 2024 con el fundamento del combate a la inseguridad.